El día de ayer se convocó a una conferencia de prensa para denunciar el desvío de 663 millones de pesos del programa Escuelas de Tiempo Completo, que maneja la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), noticia trascendental porque se habla de una red de corrupción durante el sexenio del exgobernador José Francisco Olvera Ruiz, y recordemos que no es el único caso presentado.
Sobre el tema existen diversos subtemas interesantes, como el hecho de que esta denuncia fue presentada por Carlos Emigdio Arozqueta Solís, director jurídico de la SEPH y, uno de los juristas de mayor confianza del actual gobernador, lo cual quiere decir que esto “va en serio, caiga quien caiga”.
Cuidadoso en su hablar, Arozqueta Solís mencionó entre los presuntos implicados a José Antonio Turrubiarte Delgadillo, Pablo Pérez Martínez y Luis Fuentes Hernández, aunque se estiman unos 30 involucrados.
Sucedió que desde 2013 se desviaron los recursos federales destinados al programa Escuelas de Tiempo Completo, que incluso involucraba un aumento de horas de los estudiantes en los planteles de educación básica.
Casualmente se trata de uno de los programas más redituables para el sindicato magisterial de Hidalgo, tal como lo hicieron saber en la propaganda mediática expedida durante la renovación de la dirigencia de la Sección XV, pues generalmente este recurso saltaba de autoridades federales a estatales, quienes otorgaban libertad sobre dicho presupuesto a los directivos de SEPH, que fungían como representantes sindicales.
Dicho esto, podemos notar que existe una madeja que además de funcionarios estatales implica a los dirigentes sindicales que en aquel entonces encabezaba Sinuhé Ramírez Oviedo; también podemos darnos una idea del trasfondo real de las recientes protestas enarboladas por Luis Enrique Morales Acosta contra Sayonara Vargas Rodríguez. Con 663 millones de pesos en juego se entiende la petición de un “interlocutor capacitado”.
El escándalo no se detiene en este punto, pues trasciende a la figura del exgobernador José Francisco Olvera Ruiz, que dejó cantidad de dudas sobre el manejo financiero y que, además, en este momento se mece en la cuerda floja por el tema tan de moda de encarcelar a exmandatarios. Sin olvidarnos, claro, de su exsecretario de Educación, Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira.
No podemos pasar por alto que si la Sección XV del SNTE recibía una prebenda tan alta, era porque algo de igual tamaño prometieron u otorgaron a Olvera Ruiz.
Al final del sexenio, “el gobernador de la educación” –sobrenombre que con tanto ahínco buscó- sí tenía grandes intereses en juego, aunque no necesariamente el beneficio de los centenares de niños hidalguenses radicados en zonas como Huejutla, Tizayuca, Tula o Molango.
También sería interesante observar el patrón que siguen los lugares a los que fue destinado el presupuesto en relación con los presuntos implicados.
Sin embargo, el tema de mayor importancia es la posibilidad de que Olvera Ruiz no sólo estuviera enterado sino implicado directamente en dichos manejos poco éticos del financiamiento federal, lo cual acarrea piedritas al costal de dudas y señalamientos, al grado de que comienza a escucharse una comparación con Javier Duarte, exgobernador de Veracruz.
Podría tratarse de la punta del iceberg de la corrupción olverista, e inmediatamente debemos plantearnos la reacción del grupo afectado.
Mucho se ha hablado de la coincidencia estrepitosa entre la violencia desatada en Hidalgo cada que los intereses olveristas se ven afectados, por lo cual no sería sorpresivo que dentro de un par de días presenciemos algún hecho que busque enterrar la nota de hoy.
Hechos y más hechos ponen al descubierto grandes similitudes entre Duarte y Olvera, así como el compromiso pleno de luchar contra la corrupción por parte del gobernador Omar Fayad Meneses.
Sabemos que este proceso judicial no será el último ni el final de la corrupción, pero sí la muestra de un compromiso inquebrantable con la ciudadanía.
