Si delata a superiores, ex funcionario de SEP Hidalgo podría ser absuelto

“Con el criterio de oportunidad se extingue la acción penal, siempre y cuando aporte datos que relacionen a funcionarios de mayor nivel”.

Pablo M.C., subsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo durante el Gobierno de Omar Fayad, y a quien se le investiga por desvío de recursos por 140 millones de pesos, podría acogerse al criterio de oportunidad siempre y cuando garantice la reparación del daño y aporte información de las personas que se encuentran vinculadas en la estructura delictiva y que están a un mayor nivel.

Así lo informó Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, quien refirió que esta tarde se reanudó la audiencia inicial en contra del ex funcionario tras ser detenido y presentado ante un juez de control el pasado 5 de abril.

“Con el criterio de oportunidad se extingue la acción penal, siempre y cuando aporte datos que relacionen a funcionarios de mayor nivel”, dijo, y explicó que el Código de Procedimientos Penales considera esta figura y permitiría identificar el modo de operar.

A Pablo M.C. se le acusa de contratar a una empresa bajo cuatro pagos entre marzo y abril de 2022, y que ascienden a 140 millones de pesos, por concepto de la adquisición de un software especializado del cual no hay rastro de existencia. La operación se hizo meses previos a las campañas electorales del año pasado.

El monto fue trasferido de las cuentas de la SEP estatal a la empresa Aktaion Digital que, se detectó, tiene dos domicilios: uno en Estado de México y otro en Jalisco, pero no se comprobó físicamente su existencia. Además, el dinero posteriormente fue retirado en efectivo, según las investigaciones de la Procuraduría local.

El delito de peculado tiene una penalidad en Hidalgo cercana a los 12 años de prisión y esta es la primera carpeta de investigación que se le sigue a Pablo M.C., pues en la SEP Hidalgo se han detectado dos casos más de presunto desvío de recursos públicos, los cuales están pendientes de judicializar.