La venta de armas en Estados Unidos ha sido el arquetipo de la violencia y sus estragos sociales, pues más de 11 mil homicidios violentos se cometen anualmente en aquel país, muchos de ellos masivos y que se suben al escaparate mediático de las grandes tragedias de la humanidad.
En América Latina, Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, República Dominicana y Panamá permiten que sus ciudadanos tengan armas, sin que ello favorezca a la reducción de la espiral de violencia.
El trazo es lógico: es el Estado el que debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos, y la impotencia social frente a la inseguridad no es causal mayúscula para permitir una sociedad armada.
Sin embargo, en Latinoamérica el Estado se ha visto rebasado en respuesta y control de la violencia criminal, al grado que la mayor parte de las soluciones que se han intentado implementar han fallado y existen crónicas de genocidios anunciados, por lo que hasta en la Agenda 2030 de Naciones Unidas se han marcado planes de seguridad para el continente.
Las gotas amargas de la violencia en nuestra región se han multiplicado en las últimas dos décadas y los ejemplos del Estado maniatado, secuestrado y vulnerado, como el colombiano, ya no son excepciones.
En México, el presidente del otrora partido hegemónico de monarquía sexenal, el PRI, intentó promover una sociedad armada. Sobra decir que dicho planteamiento se diluyó tan rápido como el capital político de ese personero de la palestra política nacional.
Y es que no cabe duda: una sociedad armada es una sociedad enterrada.
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Por: Carlos Barra Moulain
Carlos Barra Moulain es Dr. en Filosofía Política, su ciudad natal es Santiago de Chile, encuentra en el horizonte social su mejor encuentro con la historia y hace de las calles el espacio de interacción humana que le permite elevar su conciencia pensando que la conciencia nos ha sido legada por los otros.
