Luego de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y particularmente de todo lo que se habló en los últimos días en Hidalgo sobre la marcha del 8M, se consideró oportuno que en la mañanera hidalguense del día siguiente, entre otras cosas, se hablara del presupuesto que se ha destinado en favor de las mujeres, particularmente de quienes sufren todo tipo de violencia.
Por eso, resulta importante subrayar: primero, que en política no hay casualidades y, segundo, que hay cifras que por sí solas llaman la atención. Como el hecho de que en Hidalgo el presupuesto destinado para proteger a las mujeres ha crecido más de 400 por ciento en los últimos tres años, un dato que, al menos en el papel, representa un cambio relevante en la manera en que el gobierno estatal decide asignar recursos. No es un número menor ni una señal trivial: en los hechos sugiere reconocer que la agenda de igualdad y atención institucional a la violencia de género requiere inversión pública real.
El aumento del presupuesto, además, se acompaña de la ampliación de programas y espacios de atención, particularmente aquellos destinados a mujeres en situación de violencia o vulnerabilidad. Lo cual confirma algo que, aunque a veces incomode políticamente, es cierto: sin recursos, las políticas públicas se quedan en discursos y demagogia; con recursos, al menos existe la posibilidad de que se traduzcan en servicios, acompañamiento y acceso a la justicia.
Hasta aquí, el dato es positivo. Pero los números no siempre cuentan toda la historia. El verdadero éxito no se mide en función del presupuesto aprobado, sino en el impacto real que ese dinero logra tener en la vida cotidiana de las mujeres: en las que denuncian violencia, en las que buscan asesoría jurídica, en las que necesitan protección o simplemente en quienes buscan una puerta institucional que sí funcione.
Por eso, cuando se habla de inversión pública hacia temas tan demandados como el de la violencia contra las mujeres, al margen del anuncio en una fecha tan conveniente políticamente, lo importante será ver si en realidad eso mejorará la calidad del servicio prestado, la percepción social de las víctimas hacia el sistema de protección y al final, si se traduce en una disminución de los casos de violencia tan lamentables contra las mujeres.
Porque en materia de derechos, especialmente en un tema tan sensible como este, el presupuesto es apenas el inicio. El verdadero reto es otro, ya que ese crecimiento presupuestal deberá reflejar mayor protección y menos violencia para las mujeres hidalguenses.
