En un momento extraordinariamente delicado y polarizado en los escenarios de la política de Hidalgo, en el Ayuntamiento de Actopan, que encabeza Imelda Cuellar, se ha encontrado que 300 contratos por casi 100 millones de pesos han sido adjudicados, principalmente, de manera directa, lo cual, empuja a las suspicacias legales de que las licitaciones tienen un peso específico en los arqueos de la ASEH y, desde luego, como una prescripción de probidad y transparencia pública han quedado al margen, lo que lleva a la inferencia lógica de que no hubieron ofertas a nivel de mercado para acceder a mejores proveedores en el municipio de Actopan.
Apenas hace un mes, la ASEH en los pronunciamientos del auditor superior, Jorge Valverde Islas, ha señalado que diversos municipios suelen incumplir su declaración de ingresos, se toman por la libre las prescripciones legales y caen en actos de corrupción por desconocimiento, impericia, omisión o determinados por un juego de intereses particulares.
Es en este clima enrarecido de la Cuenta Pública, la ASEH se encuentra activa y bajo constantes visorias a los ayuntamientos e instituciones públicas, ya que la prescripción del gobernador Julio Menchaca ha sido clara en torno a que no deben presentarse actos de corrupción o malversación pública y que se llegará hasta sus últimas consecuencias en la procuración e impartición de justicia.
En los trazos de las pesquisas de la Estafa Siniestra se ha develado que uno de los modus operandi de la administración del exgobernador Omar Fayad Meneses se articulaba en torno al desvío público a través de planes y programas que vinculaban a los ayuntamientos, al tiempo que el uso de contratos de adjudicación directa, como lo acontecido y detectado por la ASEH en Singuilucan, donde su exalcalde Marcos Miguel -que ya se encuentra en proceso legal por malversación pública- perfilaba el trasiego del desvío de recursos y se reciclaba hacia la estructura de la Secretaría de Finanzas, que dirigía Jessica Blancas Hidalgo.
No obstante, pese a que las pesquisas de la Estafa Siniestra continúan abriendo capítulos, las cuales han tomado un giro de 180 grados debido a las declaraciones de la senadora Carolina Viggiano que ha develado la posible incriminación del exgobernador Omar Fayad Meneses y de la exsecretaria de Finanzas, Jesica Blancas Hidalgo, han creado un clima de reacción gubernamental y de las impugnaciones del PRIAN, que en estos momentos propician desencuentros y encontronazos de todo tipo en la clase política local.
En esta atmósfera, el ayuntamiento que preside la alcaldesa Imelda Cuellar Cano se encuentra, como el resto de los municipios, en la mira de la ASEH, porque no deben presentarse anomalías de ningún tipo en su Cuenta Pública, y la discrecionalidad, donde 300 contratos han sido adjudicados de manera directa, deberá ser explicada y fundamentada acorde a los procesos legales que debe acogerse el Ayuntamiento de Actopan.
Ni el viento ni la lluvia, pueden ser excusas en las acciones de los ayuntamientos y su Cuenta Pública en Hidalgo.
La pesadilla que ha implicado la Estafa Siniestra en la malversación pública de Hidalgo en la era Fayad Meneses, no puede, en ningún caso, presentar réplicas en la administración de Menchaca Salazar, porque se estaría mandando un mensaje impropio del gobierno de alternancia. En este entretelón es explicable la dinámica que ha cobrado la visoria de la ASEH sobre municipios e instituciones públicas, dando la pauta para que la probidad y la transparencia constituyan los signos inequívocos de la moralización y ética pública que exige la ciudadanía de los funcionarios públicos.
Si Actopan se encuentra en la mira de la ASEH, en capilla estarán los 83 municipios restantes de Hidalgo hasta concluir sus gestiones.
Probidad y transparencia pública es el axioma que ha primado en el ascenso del gobierno de Julio Menchaca, donde es primero el pueblo y el péndulo de la Estafa Siniestra oscila lo mismo hacia el gobierno de Omar Fayad que hacia el actual.
