El año pasado, 165 funcionarios públicos en Hidalgo no cumplieron con la presentación de su declaración patrimonial. Como consecuencia, 120 de ellos fueron inhabilitados por omitir esta obligación legal, informó el secretario de la Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez.
El funcionario resaltó particularmente los casos de los actuales ediles de Zacualtipán, Amado Pérez Hernández, y de San Felipe Orizatlán, Carlos César Pérez Escamilla, quienes enfrentaron complicaciones para asumir sus cargos. Ambos habían sido funcionarios públicos antes de postularse, y al no cumplir con el trámite en tiempo y forma quedaron inhabilitados, a pesar de haber ganado la elección.
En el caso de San Felipe Orizatlán, Bardales Ramírez explicó que el alcalde electo interpuso un amparo y una serie de argumentos de carácter legal y finalmente cumplió con la presentación extemporánea. Por su parte, en Zacualtipán, "pasaron seis meses de inhabilitación y el plazo se venció en los últimos días de agosto, de tal manera que para septiembre estuvo en posibilidades de tomar posesión".
En este contexto, el secretario informó que durante el mes de mayo más de 120 mil servidores públicos deberán presentar su declaración patrimonial, conforme a lo establecido por la ley. Este anuncio lo realizó durante una reunión con los titulares de los órganos internos de control de las diversas dependencias obligadas.
Del total de servidores obligados, 80 mil pertenecen al Poder Ejecutivo, 28 mil a los ayuntamientos, 10 mil a los organismos autónomos —donde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo representa el grupo más grande, con cerca de 7 mil trabajadores—, y alrededor de 4 mil corresponden a los poderes Legislativo y Judicial.
Finalmente, el contralor anunció que habrá incentivos laborales para los titulares de las áreas de fiscalización interna que logren el cumplimiento del 100 por ciento de las declaraciones patrimoniales en su dependencia.
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