Integrantes del Ayuntamiento de Epazoyucan solicitaron la intervención del gobernador Julio Menchaca Salazar y del Congreso de Hidalgo debido a los presuntos conflictos de ingobernabilidad y problemas en la actual administración que encabeza Carlos Montaño Rodríguez.
El presidente municipal no se presentó a la sesión solemne de Cabildo para entregar su Primer Informe de Gobierno y en su lugar lo hizo de manera virtual, transmitido en una televisión instalada en la sala de sesiones de la alcaldía.
Tras escuchar este balance, la regidora del Partido Nueva Alianza, Alma Rosa Escorcia Castelazo, exhortó al presidente a rendir “un informe de verdad, sin fantasías ni mentiras”. Señaló que Montaño “se colgó” de los logros alcanzados por administraciones anteriores y advirtió que lo expuesto no corresponde a la realidad que enfrenta la población.
La edil acusó que no existe credibilidad ante la ciudadanía y que el alcalde “traiciona al pueblo que lo eligió, ya que sólo lo alaban sus mismos subordinados o quienes quieren quedar bien con él”.
Añadió: “Deje de apoyar y beneficiar a unos cuantos que le solapan todo en redes sociales, quienes no tienen conocimiento de lo que realmente sucede en el municipio, del recurso desviado y de las irregularidades”.
Recordó que únicamente de septiembre de 2024 a enero de 2025 se trabajó de manera adecuada, pero posteriormente dejaron de existir condiciones óptimas en lo administrativo y financiero.
Las acusaciones incluyen la falta de transparencia en la gestión municipal, personas en nómina que no laboran, desvío de recursos, contrataciones indebidas y adquisiciones a costos elevados sin procesos de licitación ni comprobación. Los asambleístas indicaron que cuentan con documentación que presentarán ante la Secretaría de la Contraloría del estado y el órgano interno de control municipal.
Señalaron también la existencia de más desvíos de recursos en la nómina, contrataciones eventuales no autorizadas y pagos a asesores para realizar funciones que corresponden al presidente, la síndico y el área jurídica. Entre las anomalías, se detectaron contratos con firmas falsas, confirmadas por los propios proveedores.
Cabe recordar que, a través de la diputada de Nueva Alianza, Mónica Reyes Martínez, integrantes del cuerpo edilicio pretenden iniciar un juicio político en contra del alcalde, quien ya enfrenta una denuncia penal por violencia política de género y está vinculado a proceso por un hecho asentado en la Ley de Delitos Electorales.
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