El Movimiento Antorchista en Hidalgo entregó al Ejecutivo su pliego petitorio 2026, en el que destaca la solicitud de apoyo para regularizar viviendas, obras y servicios en por lo menos 50 municipios donde la organización tiene presencia.
Guadalupe Orona Urías, dirigente estatal de la organización, informó que su mitin en Plaza Juárez, afuera de Palacio de Gobierno, obedece a tres motivos. El primero, solicitar un plan integral de reconstrucción de caminos, puentes y viviendas en las zonas devastadas por las lluvias registradas en octubre.
Dijo que hay familias que “no tienen absolutamente nada”, por lo que consideró indispensable acelerar los trabajos y apoyar a los afectados con una inversión “más clara y contundente” en municipios como Huehuetla, San Bartolo, Tutotepec, Zacualtipán, Tenango de Doria, Tepehuacán de Guerrero, Pisaflores y Metztitlán.
El segundo punto fue la entrega formal de su listado de peticiones para el año entrante, pues aseguró que hay obras con retrasos significativos. “El gobierno del estado debió haber construido desde el periodo de Omar Fayad el camino Acuautla-San Ambrosio en Huehuetla y no hay para cuándo se pueda construir ese camino y queremos una respuesta clara”.
Orona Urías agregó que también buscan la regularización de colonias, necesidad apremiante para cientos de familias. Señaló que incluso los municipios “podrían hasta ganar”, ya que la población regularizada comenzaría a pagar contribuciones. Indicó que existe una lista de al menos 25 colonias en municipios como Pachuca, Tizayuca y Tulancingo, entre otros.
El tercer tema planteado por el movimiento es que los funcionarios estatales cumplan compromisos mínimos, específicamente el pago de una deuda a 50 maestros del Bachillerato Coronel Nicolás Romero, a quienes presuntamente se les adeudan entre 5 y 6 millones de pesos acumulados durante nueve años de trabajo.
Finalmente, comentó que los hidalguenses necesitan que sus demandas —algunas de ellas añejas— sean atendidas, y manifestó que esperarán un tiempo prudente para recibir una respuesta favorable del gobierno estatal antes de encabezar otras medidas de presión.
