Con el fin de evitar casos de funcionarios señalados por desvío de recursos, como ha sucedido en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) durante los últimos dos sexenios, la federación aplica auditorías constantes y trabaja en la instrumentación de un código de ética, informó el titular de la Oficina de Enlace Educativo del Gobierno de México en la entidad, Jesús López Serrano.
El funcionario recordó que el gobierno federal es quien tiene a cargo el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE), mediante el cual se cubren los salarios correspondientes al personal que ocupa las plazas transferidas a las entidades federativas y que realizan funciones destinadas a educación básica y normal.
"Es decir, que la federación le paga directamente a cada maestro de educación básica. Además, creamos mecanismos de transferencia, y se está trabajando en el código de ética en todas las instituciones de la administración pública federal. Y esto, te quiero decir, nos va a prevenir del cohecho y la corrupción", agregó el funcionario en entrevista con Effetá.
Aseveró que si bien actualmente existen anexos muy claros de ejecución de recursos, se han generado comités de ética y la Ley Federal de la Administración Pública federal castiga conductas que atenten en contra de los recursos destinados para la educación, siempre habrá personas que busquen beneficiarse del servicio público.
Además de las auditorías, actualmente las secretarías de contraloría, en ambos niveles de gobierno, trabajan para aplicar sanciones que van desde inhabilitaciones hasta otras más graves que son de carácter penal.
Lo anterior, luego de que en la entidad se han suscitado casos de corrupción, como el de Atilano Rodríguez Pérez, ex secretario de Educación durante el sexenio de Omar Fayad, actualmente evadido de la acción de la justicia, así como el ex subsecretario de Administración y Finanzas de la misma dependencia, Pablo Pérez, señalado por el presunto peculado de 140 millones de pesos.
También destaca el caso del ex subsecretario de Finanzas de la administración de Francisco Olvera Ruiz, Pablo Pérez, quien fue sentenciado a 10 años de prisión por el desvío de 68 millones de pesos de la dependencia.
