Redacción
La bancada legislativa del Partido Encuentro Social (PES), representada por Alejandro González Murillo, propuso modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para evitar conflictos jurídicos y que se deje en la indefensión a los ciudadanos en vísperas de la elección presidencial de 2018.
El diputado manifestó que la premura con que se llevó a cabo la reforma político-electoral de 2014 y la posterior construcción de la legislación secundaria, trajo como consecuencia que no se atendiera la armonización legislativa.
Esto ocasionó que en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral aún persistan menciones al “Instituto Federal Electoral” y al “Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”; el primero se transformó en Instituto Nacional Electoral y el segundo fue abrogado.
En consecuencia, planteó la modificación de diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con el objetivo de armonizar la misma con la legislación vigente, es decir, con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos, mediante las adecuaciones necesarias para dejar de hacer referencia al extinto Instituto Federal Electoral y al abrogado COFIPE.
González Murillo señaló que si bien el régimen transitorio ayudó a la interpretación de la ley de manera temporal, resulta inaceptable no solventar dicha situación, que puede afectar gravemente la interpretación que se pudiera realizar de la legislación.
El líder de la bancada del PES en San Lázaro aseguró que la naturaleza del derecho electoral vuelve indispensable que los medios de impugnación sean desahogados de forma expedita, de ahí la necesidad de que los plazos para las actuaciones procesales sean breves.
Recordó que en septiembre próximo inicia el proceso electoral de 2018 para renovar el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República, por lo que cobra especial relevancia dotar a los ciudadanos de una legislación electoral asequible a todos los entendimientos con independencia de su conocimiento o desconocimiento del derecho.
