Redacción
Un total de 663 millones de pesos destinados al programa Escuelas de Tiempo Completo, que coordina la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) “desaparecieron” en manos de una red de corrupción de aproximadamente 30 personas, entre servidores públicos y particulares, entre noviembre de 2014 y enero de 2017. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo ha iniciado la carpeta de investigación 12-2017-09838 para sancionar a las y los responsables.
Todo comenzó en marzo del presente año, cuando la SEPH informó un faltante de 41 millones de pesos en el ejercicio de la Coordinación de Escuelas de Tiempo Completo, por lo que se inició una investigación que a la fecha está muy avanzada y en próximos días se judicializará.
Al tener conocimiento de estas irregularidades, la titular de la dependencia, Sayonara Vargas Rodríguez, ordenó ampliar las averiguaciones para conocer toda la verdad, fue entonces cuando se descubrió que ese faltante asciende a 663 millones de pesos, lo cual sugiere la comisión de delitos como peculado, cohecho, negociaciones indebidas y otros.
Sobre los implicados, se trataría de treinta personas, entre servidores públicos y particulares en su carácter de proveedores tanto de alimentos como de materiales escolares. Y es que cabe recordar que el programa Escuelas de Tiempo Completo, además de impartir clases a las alumnas y los alumnos, les proporciona alimentación y se encarga de proveer el equipamiento para el funcionamiento de 664 centros educativos en todo el estado de Hidalgo.
Las investigaciones señalan que en el periodo mencionado se realizó el manejo sin comprobación de las cuentas matrices; la expedición de cheques para el retiro de los fondos sin que se hayan entregado los mismos a los beneficiarios; el pago de salarios de nóminas no comprobadas, e incluso la existencia de alumnos fantasmas en ciertas escuelas.
Asimismo, se habla de la entrega de alimentos a cambio de dádivas a los funcionarios para sobrefacturar o entregar insumos de baja o nula calidad; el uso de gastos de operación injustificables como gasolinas, vehículos y viáticos; la facturación de eventos sociales sin que estos se hayan realizado y la alteración y falsificación de documentos comprobatorios.
De estos delitos serían responsables directores del programa y directores de escuela, coordinadores de servicios regionales y proveedor
