Hay hechos que no admiten matices. No se suavizan, no se reinterpretan, no se maquillan. Se nombran por lo que son. Y lo ocurrido en San Felipe Orizatlán no es un “incidente”, ni un “exceso”, ni mucho menos una anécdota de cantina: es la degradación abierta del poder público.
Porque cuando un presidente municipal —sí, un presidente municipal— termina una noche de copas encarando ciudadanos por críticas en redes sociales, ya hay un problema. Pero cuando, además, presuntamente desenfunda un arma, dispara al aire y encañona a un hombre… ya no estamos ante un problema político. Estamos frente a una amenaza y ante un problema legal.
Carlos César Pérez Escamilla no sólo habría perdido la compostura. Habría cruzado una línea que ningún servidor público puede cruzar, la de utilizar el miedo y la intimidación como herramienta de autoridad.
El fondo es aún más inquietante que la forma. No se trata de un arrebato aislado, sino de una conducta que encaja en un patrón, soberbia, confrontación, discursos pendencieros, reclamos públicos, incluso dentro de su propio círculo político. Una forma de ejercer el poder que no dialoga, no construye, sino impone. Su conducta es sistemática, sabe a lo que huele la intimidación y parece que lo disfruta.
Y ahora, presuntamente, amedrenta.
La escena es brutalmente simbólica: un alcalde en una cantina llamada “El Chiquero”, de madrugada, con el alcohol como catalizador y el resentimiento como combustible, enfrentando a ciudadanos por publicaciones incómodas. La crítica convertida en delito personal. La diferencia de opiniones castigada con intimidación.
¿Ese es el nivel al que ha descendido la política municipal?
Pero hay algo todavía más grave que el propio acto, la impunidad que lo rodea. Porque cuando se comenta en voz baja que “no pasará nada”, que “tiene protección”, que “siempre sale librado”, lo que realmente se está diciendo es que la ley no es igual para todos.
Y ese es el verdadero escándalo.
No sólo se dispara un arma. Se dispara contra la credibilidad institucional. Se encañona a un ciudadano, pero también se encañona a la confianza pública. Se detona una bala al aire y cae sobre la dignidad de todo un municipio.
San Felipe Orizatlán no está para soportar cacicazgos disfrazados de autoridad. No está para tolerar liderazgos que confunden el cargo con licencia para intimidar. No está para normalizar que el poder se ejerza desde la víscera y no desde la ley.
Aquí no hay espacio para la tibieza. O se investiga y se sanciona con toda claridad, o se confirma lo que muchos ya sospechan: que hay quienes gobiernan no porque respeten la ley, sino porque creen estar por encima de ella.
Y cuando eso ocurre, el problema ya no es un alcalde. Es el sistema entero.
Porque cuando el poder pierde el pudor y la ley se vuelve opcional, lo que está en juego ya no es un cargo… es la dignidad de todo un pueblo.
En un momento en el que se supone que todo lo pasado debe erradicarse, parece que nada de eso ocurre y, por el contrario, paradójicamente hay situaciones más poderosas que la ley. Ojalá no se permita, ojalá haya justicia, porque si le siguen dando concesiones a este oscuro personaje seguramente ocurrirá otra tragedia, como en la que está involucrado desde hace muchos años y parece que no pasa nada.
