En tres años de la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar, los comités que conforman el modelo de Contraloría Social han supervisado proyectos de infraestructura pública por un monto de 5 mil 118 millones 828 mil 430 pesos en Hidalgo.
Al respecto, Octavio Hernández Ibarra, analista en la Dirección de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría, informó que, a la fecha, el área a su cargo ha brindado capacitación para conformar 7 mil 293 comités responsables de verificar que la obra pública sea de calidad.
“La Contraloría Social es un mecanismo de los beneficiarios para vigilar el funcionamiento y la correcta aplicación de los recursos de las obras”, explicó el funcionario.
La conformación de esta figura de supervisión recae en los ayuntamientos, a través de los cabildos, ya que están facultados para manejar los expedientes técnicos de las obras que se programan ejecutar cada año a nivel municipal.
“Hemos logrado que los municipios les proporcionen copia del expediente técnico para que sepan realmente qué es lo que pueden vigilar, de dónde proviene el recurso y, sobre todo, que se cumplan las metas establecidas”, dijo el director.
Hernández Ibarra indicó que algunos comités ya operan directamente con las empresas constructoras, supervisando los trabajos desde el inicio y hasta la conclusión de las obras.
El servidor público señaló que la participación ciudadana se convierte en un elemento clave que complementa el trabajo institucional y fortalece la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Añadió que, rumbo a 2026, el programa mantendrá como objetivo central impulsar la participación ciudadana, garantizando que las obras se ejecuten conforme a los expedientes técnicos, como lo ha instruido el contralor Álvaro Bardales Ramírez.
La meta es que la población conozca cómo se ejecutan los proyectos y cuente con herramientas para verificar que se realicen en tiempo, forma y calidad, consolidando un modelo de supervisión con respaldo social.
