Comunidades indígenas de los municipios de Epazoyucan y Singuilucan se manifestaron este domingo en calles del centro de Pachuca en rechazo a la instalación de un parque fotovoltaico que abarcaría más de 400 hectáreas sobre tierras agrícolas.
Brisa Fernanda Flores, integrante del colectivo El Maguey en la Casa de Todos, explicó que solicitan al Gobierno de Hidalgo que intervenga para negar el cambio de uso de suelo que permitiría a las empresas avanzar con este megaproyecto, el cual —afirmó— tendrá consecuencias “irreversibles y de gran perjuicio” para los habitantes de la región.
Alertó sobre posibles sequías y devastación del ecosistema, tal como —dijo— ocurrió en Calpulalpan, Tlaxcala, con el Parque Malpaís.
La activista también denunció la falta de respuesta del Ejecutivo estatal, señalando que aunque se entregó una carta al gobernador Julio Menchaca Salazar hace dos años, no han recibido información ni transparencia.
Criticó los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas, que califican la zona como “árida”, algo que desmintió categóricamente: “Se trata de terrenos ejidales y parcelas con dueño, plenamente productivos, en donde se cultiva maguey, nopal, cebada y maíz”.
El proyecto afectaría directamente a las comunidades de Jalapí, Escobillas y Santa Mónica, en Hidalgo.
Además, la representante del colectivo subrayó que el parque pone en riesgo el corazón de la cultura tlachiquera y la producción de pulque, una tradición ancestral de la cual dependen muchas familias. Señaló que el aguamiel y el pulque de estas zonas llegan no sólo a la Ciudad de México y el Estado de México, sino también —en su forma destilada— hasta Francia.
También advirtió que el desarrollo de celdas solares podría afectar los mantos acuíferos, fundamentales para el abastecimiento de agua en Pachuca, Estado de México y Ciudad de México.
Finalmente, los manifestantes acusaron a las empresas Baywa, Kenergy y Dhamma Energy de “convencer a los campesinos de que renten sus parcelas hasta por 30 años”, lo que calificaron como una forma de despojo, ya que —según indicaron— “los contratos no contemplan un sucesor, quedando la empresa como la única beneficiaria a largo plazo”, como ocurrió en el caso de Malpaís.
Recientemente la Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo anunció una inversión de 6 mil 460 millones de pesos en este proyecto que contempla la generación 440 empleos directos e indirectos.
