El contralor interno del Congreso de Hidalgo, Julio Daniel Reyes Rivero, informó que se mantiene abierta una investigación por presunto nepotismo en contra de la exdiputada local y actual presidenta municipal de Tepeji del Río, Tania Valdez Cuéllar, por la contratación de su suegra como asesora durante la legislatura anterior.
Al ser cuestionado sobre el caso, el funcionario confirmó que la indagatoria corresponde a la exlegisladora morenista, aunque precisó que el procedimiento aún se encuentra en etapa de investigación y no se ha emitido un resultado definitivo.
“Hay un tema que está en proceso de una exdiputada que tenía contratado a un familiar, pero todavía no contamos con una determinación”, explicó.
Descartó que hasta el momento exista una investigación en contra de la exdiputada de Morena, Sharon Macotela Cisneros, a pesar de que su hermano también fungía como asesor en el Poder Legislativo. No obstante, subrayó que el plazo legal para presentar denuncias sigue vigente, por lo que cualquier ciudadano puede acudir a los mecanismos formales para hacerlo.
Respecto a señalamientos contra actuales legisladores, como Mónica Reyes Martínez y Aldo Meza Hernández, quienes presuntamente tendrían a familiares dentro de su equipo de asesores, indicó que no hay denuncias formales en su contra. Aún así, reiteró que la Contraloría puede iniciar investigaciones de oficio en caso de que existan publicaciones periodísticas o elementos que lo justifiquen.
Aclaró que los plazos para perseguir responsabilidades administrativas son de tres años en el caso de faltas no graves y de hasta siete años para las consideradas graves, como desvío de recursos o robo, conforme a la legislación aplicable.
Caso María Guadalupe Cruz Montaño del Partido Verde
En otro tema, Reyes Rivero se refirió al caso de la diputada María Guadalupe Cruz Montaño, señalada por presuntamente simular el contrato de una casa de atención legislativa. Detalló que la instancia a su cargo inició una investigación de oficio desde octubre de 2025, a partir de publicaciones en medios de comunicación, y que el asunto continúa en fase de indagatoria.
Precisó que la asambleísta aún no ha sido citada a comparecer y estimó que el proceso podría extenderse entre seis meses y un año, debido a la carga de trabajo del área, que arrastra alrededor de 120 expedientes pendientes de legislaturas anteriores.
En caso de acreditarse responsabilidades, explicó, el expediente podría turnarse al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) o a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), si se detectan posibles delitos.
