El titular de la Contraloría del estado, Álvaro Bardales Ramírez, sostuvo que el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue atípico, principalmente por el tiempo reducido en el que se llevó a cabo y por el incremento considerable en el volumen de auditorías, lo que —a su juicio— impidió que la federación realizara un estudio profundo de las observaciones.
Lo anterior, luego de ser cuestionado sobre el informe de la Tercera Entrega del Ejercicio Fiscal de la Cuenta Pública 2024, en el que se señala que el Poder Ejecutivo de Hidalgo presenta observaciones por 603 millones 410 mil 166.18 pesos.
Proceso apresurado
El contralor comentó que el proceso fue apresurado, debido a que el auditor superior, David Colmenares Páramo, concluye su periodo al frente del órgano fiscalizador este año, con posibilidad de reelección.
“Considero que no entraron al fondo del estudio de las observaciones”, afirmó. No obstante, aclaró que no se trató de una auditoría desaseada, sino acelerada, ya que al revisar a casi todos los municipios del país no se contó con el tiempo suficiente para realizar los cruces de información correspondientes.
Explicó que varias de las anomalías son recurrentes y generalizadas en todo el país, particularmente las relacionadas con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de nómina, las cuales se replicaron en dependencias estatales, municipios, el Poder Judicial, el Congreso local y organismos autónomos.
Precisó que, en el caso del ISR, el impuesto correspondiente al Gobierno de Hidalgo sí fue retenido, enterado y pagado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y subrayó que el Poder Ejecutivo no obtiene beneficio alguno por esta retención. Señaló que la ASF no acreditó que el impuesto no se hubiera enterado, sino que únicamente señaló supuestas inconsistencias sin profundizar en el procedimiento técnico.
Respecto a los llamados pagos excedentes, principalmente en el sector salud y en instituciones de educación superior, explicó que se trata de erogaciones atípicas, pero legales, derivadas de jubilaciones, retiros y liquidaciones de personal que cumplió años de servicio durante el ejercicio fiscal 2024.
Estos incluyen indemnizaciones y prestaciones proporcionales que fueron interpretadas por la ASF como pagos a personas que ya no laboraban, cuando en realidad corresponden a obligaciones laborales vigentes.
En cuanto a las observaciones por presunto daño a la hacienda pública, apoyos sin evidencia documental y programas como el de Mujer Rural, indicó que las faltas detectadas corresponden, en su mayoría, a documentación complementaria —como fotografías o constancias de entrega—, la cual ya está siendo recabada por los órganos internos de control para su solventación.
Gobierno solventará todas las observaciones
Aseguró que el 100 por ciento de las pruebas y evidencias fueron entregadas por el Gobierno de Hidalgo desde noviembre de 2025, aunque la federación aún no ha concluido su análisis.
Finalmente, señaló que el Ejecutivo todavía no ha sido notificado formalmente de las observaciones, por lo que los plazos legales para solventarlas —30 días hábiles— no han comenzado a correr, y reiteró que los montos señalados son totalmente solventables.
Consideró que el caso evidencia la necesidad de reformar el sistema de fiscalización, ya que, pese a los avances digitales, las auditorías continúan resolviéndose con años de desfase, lo que genera incertidumbre y distorsiones en la rendición de cuentas.
