Una vez que Martiniano ha quedado en capilla, mis únicos y queridos lectores, las pesquisas de la Estafa Siniestra deben dar paso a un fortalecimiento de la contraloría gubernamental que, sin duda, juega un papel fundamental e imprescindible en la administración del gobernador Julio Menchaca para que la malversación pública no siga siendo el dolor de cabeza y la herida al tejido social que marca la historia de la palestra política en Hidalgo.
En este trazo, no son sólo la data dura sobre la recuperación de lo malversado por los gobiernos del antiguo régimen, que precedieron a la administración de alternancia política de Julio Menchaca, los que deben quedar develados como factor de corrección política en Hidalgo, sino, también, en el cruce de visibilidad pública, los factores cualitativos de operación política que hicieron posible la construcción de la red de corrupción de la Estafa Siniestra.
En el cierre de las indagatorias ya no es admisible no asumir que hubo en la Estafa Siniestra una sincronía institucional que ha pasado de los hallazgos primarios en las investigaciones a la certeza de que la malversación pública en el gobierno de Omar Fayad tuvo alcances que involucran a actores privados de la sociedad civil, sobre los cuales todavía no se ciernen las pesquisas.
La prevalencia de la contraloría gubernamental en el suministro de datos de las pesquisas de la Estafa Siniestra debe trascender en vínculos con las instancias de procuración e impartición de justicia de Hidalgo hacia los actores de la sociedad civil que, lo mismo presentaron contratos, que sirvieron de prestanombres y dieron paso a empresas fachada y empresas fantasmas.
Identificar, ahora, el tránsito de los actores privados en la trama de la Estafa Siniestra, es el paso obligado de las pesquisas para poder profundizar en las zonas de vacío público que aún subsisten. En este trazo, la presencia del contralor Álvaro Bardales ya ciñe trazos sobre la integridad de la auditoría y arqueo público que, sin duda, dieron cabida tanto a la vinculación y sentencia del exoficial mayor como del excontralor de la administración de Omar Fayad; este último personero, César Román, que aún se encuentra sin una formalización plena a nivel legal.
La integridad de la gestión pública del gobierno de Julio Menchaca se encuentra en el panóptico ciudadano, por lo que las pesquisas de la Estafa Siniestra, que desde el inicio de su gestión se erigieron como el estandarte de la probidad y ética pública, deben ser profundizadas a tal grado que no queden dudas sobre la función y alcance de la contraloría gubernamental para prevenir futuros desatinos de corrupción en el uso de fondos del erario público en Hidalgo.
La contraloría gubernamental debe proseguir en su proceso activo de arqueo público y emitir las recomendaciones necesarias para garantizar que las medidas preventivas y correctivas en la visoria de la probidad institucional en el gobierno de Julio Menchaca respondan a la certidumbre de la voluntad ciudadana que encumbró en el poder al gobierno morenista.
La fortaleza pública de la contraloría gubernamental, que es una entidad fiscalizadora superior, ha permitido una constante evaluación del manejo salubre de las acciones institucionales con una postura sobria y dedicada desde la gestión de Álvaro Bardales. En esta perspectiva, el trazo lógico estriba en que la probidad pública alcanzada en el gobierno de Julio Menchaca visibilice toda acción institucional de probidad pública y garantice la ética de sus servidores en un momento de redefinición política en la escena del sistema político de la nación.
Por: Carlos Barra Moulain
Carlos Barra Moulain es Dr. en Filosofía Política, su ciudad natal es Santiago de Chile, encuentra en el horizonte social su mejor encuentro con la historia y hace de las calles el espacio de interacción humana que le permite elevar su conciencia pensando que la conciencia nos ha sido legada por los otros.
