Pese a que el Índice de Paz México 2024 ha calificado a Hidalgo como una de las entidades más seguras del país, la percepción ciudadana se ha visto afectada con una serie de delitos que, a juicio social, son ampliamente identificables y constituyen un pesar entre el tejido social que reclama mayores estándares de acción y estrategias en materia de seguridad pública.
En una ejecución, cuyas características se encuadran en el modus operandi de la delincuencia organizada, una persona perdió la vida en el bulevar Ramón G. Bonfil de la capital Pachuca, ultimada con arma de fuego y a plena luz del día.
Este evento -que de ninguna forma puede ser pasado por alto por la estructura de procuración e impartición de justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública- plantea una reorientación de los protocolos y estrategias que, hasta ahora, han sido rebasados y que evidencian zonas de vacío en el combate a la criminalidad en Hidalgo.
Si bien se puede inferir que este crimen ocurrido en bulevar Bonfil no irradia dirección con el crimen común, deja claro que las bandas y grupos delictivos en Hidalgo tienen una presencia clara y que es menester que la estructura de seguridad pública cree condiciones mayores para no sucumbir en esta toma de plaza delictiva que se ha perfilado con signos inequívocos de contundencia y poder.
Hidalgo no puede convertirse en un “Estado fallido” frente a la delincuencia organizada y que refleje un vacío y ausencia de la acción de la seguridad pública que genere una derrota y fracaso de lo hecho hasta ahora en materia de la instauración de protocolos de seguridad, infraestructura -como el C5i-, así como una capacitación constante en los cuerpos policiales.
No podemos caer en la estructura de vacío y ausencia de la seguridad pública en Hidalgo.
El imperativo frente a este atroz crimen perpetrado en el bulevar Bonfil manda un doble mensaje a la seguridad pública.
En primer término, que la delincuencia organizada ejecute a un ciudadano, no importando las implicaciones de forma y fondo, denota un despliegue de fuerza y poder que reta y devela que la presencia de la delincuencia organizada no es una cuestión aleatoria y que reta a la estructura de la autoridad pública.
En un segundo escenario, este crimen genera un piso firme de amedrentamiento, tanto a los cuerpos policiales como a la ciudadanía. Se efectuó sin vacilación y con un uso desmedido de fuerza y agresión, lógicas que imperan para debilitar a las instituciones, denotando un clima de inseguridad e incertidumbre al tejido social.
Sin embargo, la respuesta de la estructura en procuración e impartición de justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública deberá ser investigar, esclarecer y rendir cuentas sobre este atroz crimen, y generar una pesquisa judicial que rinda una solución a esta problemática.
Es insostenible que las autoridades de seguridad pública presenten un efecto de vacío y ausencia en torno a la delincuencia organizada. La estrategia de seguridad en torno a la prevención del delito debe ser fortalecida y crear instrumentos de anticipación como imperan en sociedades que fueron presa del crimen organizado, como la colombiana, para atender a la violencia como una anomia de manera integral.
Naturalizar el crimen ocurrido en bulevar Bonfil de la capital Pachuca es el primer paso para dejar la puerta abierta a la anarquía de la justicia y hacer del vacío y ausencia de la seguridad pública la tierra del crimen organizado.
