La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo ejecutó una orden de aprehensión por peculado agravado contra Martiniano V. O., quien fungió como oficial mayor del Gobierno de Hidalgo durante la administración de Omar Fayad Meneses.
Los hechos imputados al exfuncionario ocurrieron el 30 de abril de 2021, cuando solicitó 60 millones de pesos para la renovación de una póliza de seguro catastrófico mediante el contrato 303/2021 con Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V. Posteriormente, entre el 21 y 22 de agosto de 2021, el huracán Grace afectó al estado, activando el seguro que generó un pago de 116 millones 62 mil pesos para la reparación de los daños.
Sin embargo, no existe evidencia de que dicho recurso ingresara al Gobierno de Hidalgo, y el monto fue depositado de manera ilegal en una cuenta de la empresa Logcom Trading Company S.A. de C.V.
El exfuncionario fue puesto a disposición de un juez de control, quien fijó fecha y hora para la audiencia inicial: miércoles 22 de octubre, a las 15:00, donde se le formulará imputación y se solicitará su vinculación a proceso.
El gobernador Julio Menchaca Salazar informó hace unos días que existe una denuncia judicializada por el seguro catastrófico efectivizado durante la administración pasada encabezada por Omar Fayad, por un monto total de 116 millones de pesos.
La actual administración estatal ha descartado contratar este tipo de instrumentos y creó un fondo estatal de emergencias, con recursos disponibles de 685 millones de pesos, para atender contingencias naturales de manera directa y eficaz.
¿Martiniano ya recibió su primera sentencia?
Martiniano V. O. se encuentra preso desde julio de 2023 en el Centro de Reinserción Social de Pachuca.
En julio de 2025 fue sentenciado a 12 años de prisión tras ser declarado culpable del delito de peculado agravado por un monto superior a 18 millones de pesos, derivado de un contrato durante la pandemia de Covid-19 por presuntas compras fantasmas, principalmente de crema quirúrgica antiséptica.
Además, está sujeto a proceso en un segundo caso por la contratación de un software para inspección de obras públicas que tuvo un costo de 12 millones de pesos, pero que jamás fue implementado.
