El secretario de la Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, informó que se han identificado aproximadamente 20 casos de servidores públicos que percibían dos salarios de manera simultánea, situación que se ha convertido en motivo de investigación y, en algunos casos, de denuncias formales.
Explicó que estas irregularidades se han detectado principalmente entre docentes que, al incorporarse a la política como regidores, síndicos o presidentes municipales, “olvidan presentar su baja o, si la presentan, mucha gente piensa que no se ha presentado”.
Ante esta situación, la Contraloría revisa si dichos funcionarios solicitaron el permiso correspondiente para ausentarse de su plaza en el sector educativo. En caso de no contar con dicho documento, se les requiere la devolución del salario recibido indebidamente en uno de los dos cargos.
Agregó que algunos de estos casos han derivado en denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo.
Subrayó que, aunque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) puede otorgar ciertos permisos, “nadie puede cobrar un salario sin realizar el trabajo correspondiente o sin presentarse a laborar, a menos que cuenten con el permiso oficial”.
De los casos detectados, al menos cinco funcionarios ya han devuelto el dinero. Destacó dos situaciones ocurridas en Pachuca, donde los implicados cobraban tanto en el gobierno del estado como en la presidencia municipal.
Uno de ellos tuvo que regresar 200 mil pesos y otro 300 mil. Llamó la atención el caso de una persona que laboraba simultáneamente en la Secretaría de Contraloría y en el ayuntamiento, quien fue inhabilitada por un año.
Sobre el procedimiento, Bardales Ramírez explicó que se inicia un proceso de responsabilidades administrativas, en el que se presenta a los implicados la evidencia de la doble percepción. Si demuestran tener el permiso y no haber cobrado en ambas plazas, la investigación se cierra. De lo contrario, se calcula el monto a reintegrar.
Aunque no se reveló el número exacto de denuncias ante la Procuraduría, se confirmó que los casos de Pachuca sí fueron judicializados.
