Mario Fabián Lozano, policía municipal de Tizayuca, Hidalgo, denunció públicamente una presunta persecución laboral, administrativa y penal en su contra, la cual —afirma— inició tras participar en una manifestación el 15 de julio de 2023, cuando un grupo de policías tomó la explanada municipal para exigir mejores condiciones laborales e impedir que se realizara el Grito de Independencia.
De acuerdo con su testimonio, tras un acercamiento con la entonces administración municipal, se les garantizó que no habría represalias, que se atenderían sus demandas y que se mejorarían las condiciones laborales. Sin embargo, una vez que liberaron la plaza pública, comenzaron los actos de hostigamiento, suspensiones y remociones de elementos.
El uniformado relató que fue suspendido sin goce de sueldo y posteriormente acusado de amenazas y abuso, pese a que —sostiene— los hechos ocurrieron cuando se encontraba en sus días de descanso y acudió únicamente a atender un caso de violencia escolar contra su hijo.
Aseguró que el Ministerio Público determinó que los hechos imputados eran falsos, y que la Comisión de Derechos Humanos acreditó que el menor sufrió daño emocional y psicológico. No obstante, denunció que ese mismo dictamen fue utilizado para fabricar una carpeta administrativa y justificar su suspensión.
“Llevo dos años suspendido, sin poder trabajar, sin recibir mi sueldo y con amenazas constantes. Todo ya se comprobó y aun así siguen con esto”, afirmó.
Mario Fabián también denunció que fue coaccionado para desistirse de un amparo, el cual había promovido para denunciar la arbitrariedad de su suspensión, toda vez que —según dijo— ni siquiera se había integrado la Comisión de Honor y Justicia cuando fue retirado de su cargo.
Finalmente, hizo un llamado al gobernador de Hidalgo para que instruya una investigación a fondo sobre los presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad en el ayuntamiento de Tizayuca, y para que se atienda su caso y el de al menos otros diez policías que —dijo— se encuentran en una situación similar.
“No se vale que una persona inocente pague por algo que no hizo. Si hubiera cometido un delito, asumiría las consecuencias, pero no es el caso”, concluyó.
