Después del zafarrancho en el Senado entre Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Anaya Cortés, que protagonizaron un ventilador escatológico, en Hidalgo, el amparo de la libertad interpuesto por el excontralor, César Román M.V., deja una atmósfera tan enrarecida como la que vive la palestra política en México.
Todavía se encuentra fresca en la memoria de la ciudadanía en Hidalgo la aceptación de la culpa por malversación pública del exalcalde de Pachuca, Eleazar García, quien bajo la reparación “económica” del daño al erario, quedó en libertad y como reza el cuento: colorín colorado, el cuento se ha acabado.
Si de escatología pública se trata
La impotencia que experimentó la ciudadanía sobre la liberación en el caso del exalcalde Eleazar García resultó tan escatológico como la frase del senador Ricardo Anaya “la caca flota”. El escrutinio social en Hidalgo, pese a que la sentencia que liberó a Eleazar García fue apegada a la legalidad vigente, fue un golpe brutal que se le infringió a la ciudadanía, que se tragó a pesar de la ley y más allá de esta, el trago amargo del paralelismo que señalan los leguleyos: “existe ley, aunque no haya justicia”. La escatología de la frase es tan nauseabunda como la frase ocupada por Ricardo Anaya.
El que pega, paga y se ampara
Hasta ahora, después de la detención en Miami, Estados Unidos, de César Román M.V., excontralor del gobierno de Omar Fayad, no ha existido un pronunciamiento, ni claro ni oscuro, del Poder Judicial sobre qué habrá de proceder no sólo con el amparo interpuesto en este caso, sino sobre la posible reparación del daño, como lo ocurrido con Eleazar García, donde “existió la ley, pero la justicia estuvo ausente”.
La suspicacia social es el presagio, frente al amparo de César Román M.V., de la crónica de una liberación anunciada que nuevamente propinaría un golpe brutal a la credibilidad social y a la procuración e impartición de justicia, donde la justicia frente a la ley suele estar ausente para la ciudadanía.
El laberinto de la oscuridad
Los criterios legales en torno a la malversación y corrupción de servidores públicos son, a todas luces, un laberinto intrincado en la nación. No existe un criterio unívoco legal -no puede haberlo porque cada caso es único-, pero esto es poco menos que un víacrucis ciudadano, donde la oscuridad que prima en el laberinto de la ley y la aplicación de la justicia ha favorecido por décadas a los que pueden pagar. El adagio popular “la cárcel es sólo para los pobres y los pendejos” es una sentencia con singular ironía de lo que ha implicado la procuración e impartición de justicia en la nación.
Los capítulos de la Estafa Siniestra siguen abiertos como una herida social que no acaba de cerrar. La paradoja de esta cruenta realidad en relación a la impartición de justicia estriba en la ironía de que las y los malversadores del erario público pueden (y en los hechos lo hacen) salir en libertad, aún resultando culpables de un delito, es decir, el que pega, paga, se ampara y queda libre.
La pregunta sigue siendo la misma. Después de haber presenciado hechos contundentes de que el que pega, paga y queda libre: ¿las autoridades arquean la legalidad o licitud del dinero que reponen los que malversaron el erario público?, aunado a ello, ¿se arquea a posteriori, el caudal o caudales patrimoniales de los que pegaron, pagaron y se fueron a vivir en la jauja?
Entre la aplicación de la ley y la justicia prima una cadena de inconsistencia histórico social en la que los únicos afectados son los deudos de la justicia: ¡el pueblo!
