La campaña de spots publicitarios contra la migración ilegal iniciada por el gobierno de Donald Trump ha desatado un discurso de odio, cuyo vacío político sólo ha propiciado una ola de discriminación hacia los migrantes que han incrementado su número en los centros de detención en Estados Unidos.
En el mes de enero de 2025, de acuerdo al Instituto Nacional de Migración, 371 mexicanos provenientes de Hidalgo fueron repatriados desde Estados Unidos, que recrudeció su política antiinmigrante y el discurso de odio impugnando que “la migración ilegal es una amenaza para la estabilidad política de la nación”. Sin embargo, la cifra cruda de retornados a Hidalgo sobrepasa los 3 mil 200, entre los cuales existen menores de edad.
En este sentido, el discurso de odio se vincula a los vacíos políticos del gobierno de Donald Trump que ha tratado de usar todos los instrumentos legales y estereotipos nacionalistas para deportar a la migración ilegal y, en casos extremos de reincidencia, fincar penas de cárcel, inclusive, en la prisión de presos político de Guantánamo, Cuba.
En este trazo, los instrumentos legales utilizados por el gobierno de Washington han perfilado a la migración ilegal como un “asunto de seguridad nacional”, vinculando conceptos como terrorismo con el migrante como un enemigo interno. Esta atmósfera ha hecho de la migración ilegal un problema político para Estados Unidos, que se encuentra por asestar nuevas medidas para recrudecer las políticas antiinmigrantes a través de posibles vínculos de terrorismo, tráfico de drogas, tráfico de armas y de personas.
En este plano, las amenazas reales de la inmigración ilegal han dejado su lugar por una serie de estereotipos creados en spots publicitarios por el gobierno de Donald Trump que criminalizan a la migración ilegal y han creado una campaña de terror hacia la inmigración, exigiendo la denuncia sobre cualquier persona que parezca ilegal. Este discurso de odio ha resultado tan poroso que ha habido detenidos con tipología latina que tienen nacionalidad estadounidense y que pertenecen a migraciones anteriores.
Es precisamente en este escenario donde la “teoría del miedo” que desatan los spots publicitarios, tratan de delincuentes a los migrantes erigiéndolos como indeseables para el país de las barras y las estrellas.
Desde las primeras deportaciones, el gobierno de Julio Menchaca activó los programas de ayuda a migrantes como una forma de contención a la escalada del gobierno de Estados Unidos, estimulando ayuda financiera y asesoría para el posible incremento de negocios en un plano de simplificación administrativa para migrantes. En este trazo, las medidas gubernamentales han ampliado la flexibilidad de criterios y orientación para las y los hidalguenses que retornan, escenario que debe ir incrementando las condiciones humanitarias y solidarias.
Para el gobierno de Washington, la migración ilegal atenta contra la seguridad nacional porque impide la protección y preservación del Estado como ente orgánico. En esta visión, la ambigüedad de esta concepción ha sido utilizada como un instrumento legal polivalente, donde es difícil que un migrante ilegal no resulte condenado.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ya ha puesto un programa de repatriación que permita la inserción solidaria de los migrantes, condición que ha sido acompañada por el repudio y rechazo al discurso de odio que se ha presentado con la campaña de spots publicitarios desde Estados Unidos, cuyos vacíos políticos, con crudeza, utilizan a la migración ilegal como excusa para exacerbar los ánimos racistas y discriminatorios de su población.
