Contrario a toda estimación y al peso del árbitro electoral en el pasado proceso de renovación del Poder Judicial, la política es imperecedera, pese a todas las impugnaciones que se le hacen a nivel social y al desencuentro de sus alcances de reivindicación de la ciudadanía que suele buscar, en la democracia electoral, la esperanza de construir un futuro mejor.
El INE, pese a todas sus inconsistencias, aparece como la armadura “invulnerable” de las pasiones políticas y la única esperanza para garantizar que las manzanas podridas no sean capaces de pudrir al sistema que ampara a la voluntad soberana del pueblo. Hidalgo se sumó a la renovación del Poder Judicial en medio de batallas y arengas de la estructura burocrática que trató, por todos los medios a su alcance, que la reforma de la presidenta Sheinbaum Pardo fuera detenida y extinguida. Sin embargo, la pinza se había cerrado, el gobernador Julio Menchaca no permitió que las movilizaciones entorpecieran la claridad del proceso y todo quedó en el impasse a la espera de la elección del 1 de junio que renovaría al Poder Judicial.
La guerra sucia y el INE
La presidenta Sheinbaum Pardo le delegó al árbitro electoral la responsabilidad lógica de organizar las elecciones del Poder Judicial, trámite al que Guadalupe Taddei respondió en medio de un proceso inédito. No se trataba de una contienda entre partidos, sino de fuerzas políticas que, en medio de una estructura de poder público, se debatían por su control a través de caras de candidatas y candidatos que no prometían el bienestar de la nación, sino hacer de la justicia el equilibrio social. En Hidalgo, el consejero Guillermo Corrales confiaba en que “el árbitro electoral” concretaría una función para la que siempre había estado preparado, pese a que el financiamiento de la elección se quedaba estrecho.
Quizá nadie previó la guerra sucia, ni el mismo INE estaba preparado para responder a las nuevas operaciones y movimientos políticos. Esta vez ya no era una operación mapache, tampoco el carrusel de votos ni la compra de votos a través de las credenciales de elector. No obstante, aparecían los acordeones de listas que eran vendidos o comprometidos desde las fuerzas políticas en juego.
El INE y su fragilidad
No se puede negar que el árbitro electoral hizo lo propio con los recursos que tenía. Sin embargo, el proceso de renovación del Poder Judicial había estado desangelado, petrificado y en el hielo social. Más allá de la escasez de recursos del INE, el proceso había sido abortado por la ciudadanía que no encontraba mayor identidad con los paladines de la justicia. La fragilidad fue la constante.
La CNTE como brazo de golpeteo político
Por si fuera poco, la semana previa a la elección las fuerzas de la derecha le habían encargado a la CNTE que se erigiera en el brazo de presión y golpeteo a la presidenta Claudia Sheinbaum, lo mismo obstruyendo el aeropuerto de la Ciudad de México que en la toma del zócalo capitalino. Como los bloqueos de la CNTE no habían hecho mella o menoscabo en el gobierno de Sheinbaum Pardo, que reiteraba el llamado al diálogo en medio de peticiones confusas y arbitrarias de la coordinadora, la CNTE amenazó con boicotear la elección judicial, creando una respuesta de firmeza de la presidenta Sheinbaum que no iba a permitir la obstrucción al proceso de renovación al Poder Judicial.
En este laberinto de presiones políticas ¿por qué vota la ciudadanía pese a su desencuentro con la política?
Todo indica que la política es imperecedera por sus alcances civilizatorios en el equilibrio y estabilidad social, pese a que sus alcances en el siglo XX y XXI no hayan creado condiciones propias de redistribución de oportunidades para la sociedad, acompañadas de redistribución de la riqueza.
Por ende, pese a que el proceso de renovación al Poder Judicial jamás alcanzó a climatizarse en las expectativas de la ciudadanía, la verdadera batalla se encontraba en determinar el poder de Morena, por lo que las fuerzas políticas en contienda sobrepasaron las propias lógicas de los votantes y dejaron a merced del proceso electoral que el árbitro garantizara, por lo menos, la estructura operativa de un proceso político inédito, frágil, confuso y desangelado para la ciudadanía.
