En momentos aciagos donde la lucha contra el huachicol en Hidalgo lo mismo descubre túneles de trasiego de combustible que desmantela organizaciones delictivas, la iniciativa del diputado morenista Miguel Moreno para incrementar las sanciones por falsedad de declaraciones ante autoridades emerge como un suspiro del alma en la antesala al redireccionamiento de la justicia.
Todo indica que el perjurio es una práctica nada nueva en México, mis únicos y queridos lectores. Empero, los entretelones de declaraciones falsas frente a la autoridad o maquilladas, es un escarceo de tantos a nivel del uso de las leyes que no se podrá frenar con una iniciativa de ley que castigue el perjurio.
La probidad de la ley debe ir acompañada con la probidad social. Estas son condiciones que se construyen y edifican en sociedades que viven bajo el imperio de la justicia, cuestión que en Hidalgo no ha permeado y que se ha develado lo mismo en entretelones como la Estafa Siniestra que en las calamidades del ecocidio político con los contubernios con las inmobiliarias que, hoy, son la gota amarga de infinidad de ciudadanos que se encuentran indignados ante la pérdida de sus posesiones e inmuebles frente a las inundaciones y lluvias que han resultado una tortuosa prueba social.
La preocupación institucional del gobierno de Julio Menchaca sobre las anomias en materia de impartición y procuración de justicia, y la correlación con la corrupción y malversación pública, ya han inquietado a la estructura y gestión de la actual administración que puede resultar aquejada por “corrupción de exfuncionarios públicos en una red de huachicol”.
Este escenario advierte lo que Fukuyama denominó “Political order and political decay”; es decir, donde la justificación de las tropelías públicas que predominaron en las administraciones del antiguo régimen, dan paso a un despropósito político que va más allá del perjurio de los culpables, sino, también, del perjurio de las autoridades.
De falsedad a falsedad
Una sociedad en degradación no construye ni puede construir “verdad pública”, porque está condicionada o estuvo condicionada a incurrir en cadenas de corrupción desde la esfera pública. El perjurio de la ciudadanía suele ser el ejemplo del perjurio de las autoridades públicas; por ende, de falsedad a falsedad, el camino es uno solo: corrupción pública.
Sería ampliamente positivo que el diputado Miguel Moreno iniciara su precisión de iniciativa por falsedad de testimonio desde el escrutinio sobre el perjurio o falsedad en que han incurrido las autoridades y que, históricamente, desvirtuó el proceso judicial. Cada vez que se realiza una iniciativa de ley se deben ponderar las oscilaciones del péndulo que denota contexto complejo, por lo que el perjurio es un laberinto en Hidalgo, cuyas implicaciones no son lineales.
Es evidente, mis únicos y queridos lectores, que la procuración e impartición de justicia tiene un vía crucis jurídico que será tortuoso ante la reforma del Poder Judicial; empero, había que iniciar con su reestructuración, aunque el parto resulte tan escabroso como el nacimiento.
De falsedad a falsedad.
Por: Carlos Barra Moulain
Carlos Barra Moulain es Dr. en Filosofía Política, su ciudad natal es Santiago de Chile, encuentra en el horizonte social su mejor encuentro con la historia y hace de las calles el espacio de interacción humana que le permite elevar su conciencia pensando que la conciencia nos ha sido legada por los otros.
