La reconfiguración del Poder Judicial -que resultó confusa e intrincada y que ha ocasionado que las fuerzas de la derecha pidan su anulación en voces de Alejandro Moreno y Marko Cortés, entre una jauría de oportunistas de escaños menores que se consideran con la autoridad moral para derribar la voluntad soberana, instruida o no, de la ciudadanía que votó- deja consideraciones de forma y fondo ante la actuación de Rebeca Aladro, que se posiciona con fuerza hacia la gubernatura de Hidalgo, y de Hugo Aguilar Ortiz, un abogado de origen mixteco que puede encumbrarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La oposición se ha plantado con fuerza y resistencia sobre los resultados y alcances de la pasada elección del Poder Judicial y acusando al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de desconfigurar un proceso democrático que no ha resultado significativo por la baja afluencia en las urnas. Esta condición es absurda porque en México ningún proceso electoral, incluidos los que tienen que ver con la renovación del Poder Ejecutivo, históricamente han presentado una afluencia mayúscula.
Recordemos que, en la ingeniería de representación electoral del país, se gana en una elección por mayoría simple, por lo que un candidato que aventaje a otro por un solo voto es suficiente para encumbrarse en un escaño de representación popular.
Sin embargo, ¿a qué se refiere la derecha con acusar al sistema presidencial de haber incidido en desconfigurar a la democracia?
La respuesta es lineal. Se trata de la premisa de que lo que desconfiguró la presidenta Sheinbaum Pardo es el sistema de privilegios que detentó por décadas la estructura burocrática del Poder Judicial, que lo mismo se heredaba los cargos que se anquilosaba en los seguros de gastos médicos mayores, prebendas de vivienda y sueldos de jeque árabe.
En este trazo, es cuestionable la ingeniería de representación electoral de la renovación del Poder Judicial, pero jamás resultará tan brutalmente cuestionable como el hecho del déficit y anquilosamiento que experimentó el pueblo frente a una justicia inexistente por décadas que hoy toma un viraje público que amenaza a las élites del poder de la vieja política.
Es veraz que el INE no le encontró la manija de la puerta a la elección del Poder Judicial y tendrá, como árbitro garante, que afinar la ingeniería de sus procesos en futuras elecciones sobre un poder público que no tiene, ni puede tener, las mismas lógicas que imperan en la renovación del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
No obstante, las fuerzas de la derecha esconden y se esconden en sus impugnaciones a la ingeniería de procesos de la elección al Poder Judicial, olvidando, en un claro despropósito, que fueron sus gobiernos los que crearon el caos, la beligerancia, el déficit y anquilosamiento de la procuración e impartición de justicia en México y, más aún, casos infaustos como Tlatelolco 1968 -que no se olvida-, el FOBAPROA y Ayotzinapa, entre miles de casos inenarrables.
En este escenario, Rebeca Aladro, que ha competido por un escaño de ministra, ha salido a todas luces fortalecida en los escenarios políticos dentro de la estructura de gobierno de Julio Menchaca. Pese a que se encuentra todavía en vilo la sucesión del 2028 y al Congreso le tocará definir si será efectiva la alternancia política de género para un periodo de dos años, después de los pronunciamientos tanto del gobernador Julio Menchaca como de la diputada Tania Meza sobre que un periodo de dos años discriminaría la postulación y encargo femenino en la gubernatura, queda en un impasse la necesaria renovación con perspectiva de alternancia política de género en la que el nombre de Rebeca Aladro se ha ido perfilando con fuerza y adhesión política y ya moviliza al 4º Piso.
En estos entretelones políticos, el último alarido de la derecha en la escena nacional estriba en su rechazo al posible encumbramiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación del abogado de origen mixteco, Hugo Aguilar, quien se erigirá como ministro y, con ello, debido a su trayectoria de luchador y activista social, cimbrar los intereses de la élites económicas y políticas del antiguo régimen, que pese a haber posicionado en la pasada elección del Poder Judicial a candidatas y candidatos de sus confianzas, por no decir de sus manejos, perciben que las huellas de la figura de Juárez se aproximan para reivindicar la justicia para el pueblo.
Hidalgo deberá perfilar la sucesión gubernamental del 2028 con piso firme, ¿estará en ella Rebeca Aladro?
