Frente a la data dura escabrosa del registro de 11 feminicidios en 2025 en Hidalgo, existe un incremento significativo del evento en años que precedieron y que ubican a la entidad en el porcentaje de 5.6% de la incidencia de casos a nivel nacional, en donde la violencia de género presenta signos de una descomposición social.
El anuncio de alerta amarilla en el segmento de la seguridad pública develado por el gobernador Julio Menchaca ha generado trazos de correlación paralela con delitos como el trasiego del huachicol fiscal y el narcomenudeo, condiciones que se han incrementado y que merecen continuar con la depuración de las estrategias en materia de seguridad pública en Hidalgo.
El Índice de Paz México reveló que, en Hidalgo, el incremento de la violencia de género ya es un indicador significativo que exige una respuesta inmediata que propicie un mayor control y genere una respuesta de firmeza de la actual administración estatal en la interacción con la impartición y procuración de justicia. No sentar el precedente de un actuar con firmeza en la procuración de justicia en torno a los signos de descomposición en materia de seguridad pública en Hidalgo, equivale a destapar una caja de Pandora.
Una emocionalidad ciudadana adversa ha generado la impotencia a las anomias que presenta para el tejido social el incremento de violencia e inseguridad en Hidalgo.
En este trazo, la grieta social que ha provocado la delincuencia organizada favorece que la emocionalidad adversa de la ciudadanía genere condiciones de desapego gubernamental e impugnación institucional que no puede ni debe presentarse en un momento climático de transición política que vive el gobierno de alternancia de Julio Menchaca.
Las huellas de feminicidio en Hidalgo también denotan anomias identitarias como el machismo y el control patriarcal institucional que, por décadas, pavimentó la desigualdad de género que se encuentra en el trasfondo de la descomposición del tejido social, que implica que es necesario revisar y reestructurar los códigos penales de la entidad.
Tras este elevado número de casos de feminicidio en Hidalgo, tratar de erradicar este fenómeno de violencia de género conlleva a establecer programas interinstitucionales con la academia y centros de salud mental que estrechen los esfuerzos por generar una cultura de armonización y tolerancia social. En este trazo, es necesario que aparezcan programas de asistencia social contra el feminicidio y la violencia intrafamiliar.
No se han discutido lo suficiente en la esfera pública local las implicaciones de los casos de feminicidio en Hidalgo y poco o nada ayuda que el ecosistema mediático cubra estos casos a título de “nota roja”. Es necesario que el tema del feminicidio trascienda a la educación pública, estableciendo jornadas de concienciación educativa, que genere una cultura antifeminicidio y proyecte en el ámbito punitivo de la entidad, penas severas y aleccionadoras en la procuración e impartición de justicia.
En este escenario, es necesario enfatizar sobre las fronteras conceptuales de la violencia a nivel institucional y sus implicaciones para reestructurar la procuración e impartición de justicia en Hidalgo. Se trata en lo sustantivo, de un proceso de reingeniería en la procuración e impartición de justicia, el cual no se ha trabajado en prospectiva, ya que lo que hemos observado son acciones reactivas que duran un lapso limitado dentro de las estrategias de la justicia y de la procuración de la seguridad pública.
Es pertinente que, así como el gobernador Julio Menchaca no ha maquillado la realidad delictiva de la entidad, estas declaratorias se acompañen de la revisión exhaustiva de las estrategias y su marcha, a tres años del ascenso del gobierno morenista en Hidalgo.
El feminicidio en Hidalgo debe estrechar la comprensión interinstitucional de un flagelo social cuyas implicaciones de incremento de la violencia deben crear una nueva prospectiva en el combate a la delincuencia y violencia social.
