Neptalí Reyes Bolaños, padre de un menor con síndrome de Down que fue discriminado, hizo un llamado al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, al Congreso del estado y a diversas instituciones, para que reformen la Constitución Política e impidan que quienes cometan discriminación agravada contra niñas y niños ocupen cargos públicos o de elección popular.
En las inmediaciones de Palacio de Gobierno, habló sobre el caso de su hijo, quien fue discriminado en clases de natación impartidas por el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) en 2018, situación que derivó en la recomendación 81/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que se determinó que el Estado mexicano reconoció actos de discriminación, violaciones a derechos humanos y omisión de ajustes razonables.
Cabe recordar que la titular del Inhide en ese entonces era Fátima Baños Pérez, quien recientemente ocupó la titularidad del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial de Hidalgo, lo que generó una situación mediática y diversas declaraciones por parte de los padres del menor.
Incluso, Baños Pérez solicitó hace unos días licencia sin goce de sueldo para recabar copias oficiales del cumplimiento de la recomendación ante las autoridades competentes, y enfatizó que asumió la responsabilidad institucional con seriedad.
Pese a ello, el padre expuso su posicionamiento ante medios de comunicación, al señalar fallas profundas en el sistema institucional, ya que —dijo— se realizan nombramientos de alto nivel sin una revisión previa, rigurosa y completa de antecedentes; además, los entes encargados de los mecanismos de control archivan quejas sin informar al denunciante y existe ausencia de criterios claros para impedir que personas con violaciones acreditadas a derechos humanos ocupen cargos en ámbitos de formación judicial o ética pública.
“En la vía penal fue el primer caso en que se vinculó a un funcionario público por discriminación agravada en Hidalgo, el expediente 225/2020; esto terminó en una salida alterna con suspensión condicionada, pero implicó el reconocimiento del hecho en el proceso penal y sólo se evitó llegar a juicio oral. Se cumplió lo ordenado por el juez, pero no lo que pedíamos como víctimas, que era una disculpa pública y una verdadera capacitación en derechos humanos”, puntualizó.
Agregó que interpusieron recursos de apelación y amparo, ya que consideraron que no hubo reparación integral ni consecuencias administrativas reales, pues, a pesar de la denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control del Inhide en 2019, la Secretaría de Contraloría archivó el asunto por falta de elementos probatorios.
Por ello, pidió al gobernador y al Congreso local que modifiquen la legislación para que los antecedentes de violaciones a derechos humanos formen parte de los criterios de idoneidad para acceder a un cargo público, especialmente en instituciones encargadas de impartir o formar en justicia.
“Esperaría que todos los sectores involucrados en la mejora de las leyes y la sociedad respalden esto. Si nuestro gobernador en algún momento apoyó —y nosotros lo agradecemos—, y considera que desde todos los niveles se debe impulsar este tipo de iniciativas, todo será bienvenido”, finalizó.
