En el Congreso de Hidalgo, las diputadas Tania Meza Escorza y Karla Perales Arrieta presentaron una iniciativa que busca reformar la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, también conocida como Ley Sabina, con el fin de reducir de 90 a 60 días el periodo que debe transcurrir para que los deudores alimentarios morosos sean inscritos en el registro estatal correspondiente.
Además, la propuesta plantea que dicho padrón sea público, con fundamento en las leyes de protección de datos personales aplicables. En el documento se especifica que el registro cumple con una finalidad constitucionalmente legítima, al proteger el derecho fundamental de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos, “privilegiando el interés superior de la infancia sobre los derechos patrimoniales y de privacidad del deudor”.
El planteamiento fue presentado como adición a un párrafo del artículo 141 BIS de la Ley para la Familia. La semana pasada, Perales Arrieta propuso una enmienda similar, pero en el ámbito federal, al sugerir que el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH) integre de forma mensual los datos al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), con consulta pública a nivel nacional. En esta ocasión, el enfoque es local.
Durante la presentación en tribuna, Meza Escorza sostuvo: “Más que una reforma legal, es una respuesta que debe dar el Estado a una demanda urgente de justicia. Una respuesta a miles de mujeres que han alzado la voz en todo el país para visibilizar la violencia económica que sufren al no recibir pensión alimenticia para sus hijas e hijos”.
Las asambleístas recordaron que en otras entidades como Oaxaca, Coahuila, Puebla y Ciudad de México ya se aplica la Ley Sabina, y recalcaron que en Hidalgo aún no se hace público el registro con el argumento de que se vulneran derechos humanos. Sin embargo, insistieron en que debe prevalecer el interés superior de la niñez.
