El consejero del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), Guillermo Corrales Galván, exhortó a los integrantes de los cabildos en las 84 presidencias municipales a inhibir conductas que constituyan violencia política por razón de género.
Derivado del último informe que rindió la Secretaría Ejecutiva respecto a los procedimientos sancionadores en trámite ante el órgano electoral hasta febrero de 2026, actualmente son cinco asuntos los que se sustancian en el área jurídica del instituto y que, eventualmente, serán remitidos al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) para su resolución.
“El exhorto es particularmente hacia los 84 cabildos de los ayuntamientos, donde se han observado de manera reiterada conductas que pudieran constituir violencia política contra las mujeres en razón de género; no todas lo constituyen, eso es cierto, pero no deja de resaltar que es en los cabildos donde surgen muchas de estas inconformidades procesales jurídicas”.
Una vez formalizada la queja, corresponde al IEEH realizar las diligencias necesarias para la integración del expediente como procedimiento especial sancionador y, en caso de considerarlo pertinente, decretar medidas cautelares y de protección, a fin de que cesen los actos que constituyan violencia política y así evitar daños irreparables.
Igualmente, el instituto puede canalizar a las instancias competentes para la atención física, psicológica y de salud; en el caso de mujeres indígenas, actuarán con perspectiva de género e interculturalidad.
Luego de las investigaciones, las quejas se remiten al TEEH para que determine la existencia o no de estas conductas. Según cada caso, los magistrados podrán fijar medidas de reparación, como disculpa pública o indemnización a la víctima, o bien sanciones como la pérdida o cancelación del registro de la precandidatura o candidatura; amonestaciones, multas y reducciones del financiamiento de hasta 50 por ciento para los partidos políticos.
Asimismo, pueden ordenar la inclusión en el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política por razón de género, con la prohibición de competir por un cargo de elección popular por determinado tiempo.
Desde 2016 y hasta los últimos meses de 2025, en Hidalgo se ha superado el centenar de denuncias por estas causales, en las que principalmente se señala a dirigentes partidistas, diputados, alcaldes, senadores o funcionarios municipales, aunque no en todos los casos se acreditó la violencia política por razón de género.
“El llamado es a las personas integrantes de los cabildos a respetar las funciones que cada una de las personas servidoras públicas tiene mandatadas en la Constitución. Esto será parte fundamental de los retos que enfrenta el Estado mexicano y las autoridades electorales, una vez que las mujeres acceden a los cargos de elección popular para los que fueron electas; será muy importante dar seguimiento a ello”, conminó Guillermo Corrales Galván.
