Inhabilitan a Jessica Blancas y tres exfuncionarios por caso Accendo

Las resoluciones administrativas señalan que la contratación con Banco Accendo ocasionó un perjuicio a la hacienda pública estatal, al no poder disponer de aproximadamente 863 millones de pesos.

De acuerdo con el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados, la Contraloría determinó la inhabilitación de cuatro exfuncionarios por su participación en la contratación de servicios financieros con Banco Accendo, institución que actualmente se encuentra en proceso de liquidación judicial.

Los observados son Jessica Blancas, exsecretaria de Finanzas; César Alberto González López, exsubsecretario de Egresos; Juan Luis García Hernández, exdirector general de Ingresos de la Subsecretaría de Egresos; e Ignacio Valdez Benítez, extitular de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Salud.

De acuerdo con las resoluciones administrativas, la contratación de dicha entidad ocasionó un perjuicio a la hacienda pública estatal, ya que actualmente no es posible disponer de aproximadamente 863 millones de pesos, recursos que permanecen sujetos al procedimiento de liquidación derivado de la revocación de la autorización para operar del banco.

La investigación determinó que, pese a las alertas y medidas correctivas emitidas oportunamente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre la situación financiera de Banco Accendo, los involucrados omitieron realizar las acciones necesarias para retirar oportunamente los fondos públicos, exponiéndolos al riesgo que hoy impide su recuperación inmediata.

La dependencia estatal precisó que la inhabilitación impuesta no los exime de las responsabilidades administrativas, civiles o penales adicionales que pudieran derivarse, una vez que concluya el proceso de liquidación y se determine si los activos asegurados del banco resultan suficientes o no para cubrir los adeudos pendientes con el Gobierno de Hidalgo.

La disolución financiera del organismo financiero continúa en curso ante las autoridades competentes, por lo que el destino final de los recursos públicos se definirá conforme a las disposiciones establecidas en la legislación aplicable.

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