La alcaldesa de Apan, Zorayda Robles Gutiérrez, afirmó que, aunque el nombramiento de Fátima Baños Pérez podría no tener impedimento legal, “sí es inmoral y refleja una crisis ética en el servicio público”, al pronunciarse sobre la reciente designación en el Poder Judicial de Hidalgo.
A través de redes sociales, la también exsecretaria de Salud llamó a legislar para evitar que personas involucradas en casos de discriminación contra niñas y niños accedan a cargos públicos, además de impulsar la consigna #LeyDaniel.
En una publicación acompañada de imágenes de su hijo, Robles Gutiérrez retomó el caso de Daniel, quien vive con síndrome de Down, y subrayó que resoluciones como la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN 162/2021), así como la recomendación 81/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), evidencian la necesidad de garantizar la no discriminación y los ajustes razonables.
Por su parte, Baños Pérez respondió que los señalamientos derivan de una recomendación emitida en 2021 por la CNDH, cuando se desempeñaba como titular del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide). Reconoció la existencia de dicha recomendación, pero aseguró que cumplió con todas las medidas, incluyendo capacitación, no repetición y reparación del daño.
Añadió que, en el ámbito penal, optó por una salida alterna que fue cumplida en su totalidad, por lo que —sostuvo— no existe impedimento legal para desempeñar cargos públicos, y señaló que su nombramiento responde a su preparación y experiencia profesional.
Informó que solicitó licencia sin goce de sueldo por algunos días para recabar documentación que acredite el cumplimiento de la recomendación, como parte de su compromiso con la transparencia. También adelantó que no volverá a pronunciarse sobre el tema para evitar la revictimización.
El caso de Daniel se remonta a 2018, cuando el menor fue separado de su clase de natación en el Centro de Alto Rendimiento en Pachuca bajo el argumento de su discapacidad. En ese momento, el Instituto era encabezado por la ahora funcionaria.
En 2021, la Suprema Corte resolvió a favor del menor al considerar que se vulneraron sus derechos a la inclusión y no discriminación, en una sentencia que se convirtió en referente jurídico en México. Posteriormente, en 2022, un juez vinculó a proceso a la entonces funcionaria y a otros servidores públicos por el delito de discriminación.
La controversia resurgió en marzo de 2026, tras el nombramiento de Fátima Baños Pérez como titular del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, lo que reactivó el debate sobre ética, responsabilidad y acceso a cargos públicos en casos relacionados con derechos humanos.
