El Ayuntamiento de Ixmiquilpan ha iniciado una serie de acciones legales contra exfuncionarios públicos por presuntas omisiones graves en juicios laborales, los cuales representan actualmente un riesgo significativo para las finanzas del ayuntamiento.
Por medio de la Dirección Jurídica se han interpuesto denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) contra exdirectores jurídicos y síndicos de anteriores administraciones.
De acuerdo con los expedientes, estos servidores públicos presuntamente permitieron que el municipio perdiera juicios laborales sin haber ejercido una defensa básica, lo que ha derivado en laudos millonarios.
Uno de los casos más delicados involucra a un actual funcionario de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), quien, pese a haber percibido un salario mensual de apenas 10 mil pesos durante su paso por el municipio, reclama más de 1 millón 500 mil pesos. Existen dudas fundadas sobre si efectivamente desempeñó funciones durante su contratación.
Otro expediente hace referencia a un trabajador de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Ixmiquilpan, cuya demanda original era por 25 mil pesos. Sin embargo, ante la falta total de comparecencia y pruebas, el fallo fue emitido en contra de la administración, aumentando drásticamente el monto a pagar.
El presidente municipal Emanuel Hernández fue enfático al señalar que su administración actuará con firmeza para castigar estos actos: “No puede haber impunidad ante actos que han dañado seriamente el patrimonio del municipio”, declaró.
Por su parte, el director jurídico del ayuntamiento, Efraín Magueyal, reveló que al inicio de la actual gestión se heredaron 16 laudos laborales, de los cuales sólo cuatro han sido resueltos. Durante la revisión jurídica se encontraron omisiones graves, como la falta de respuesta a las demandas en varios expedientes.
“Se han iniciado diversas carpetas de investigación por la omisión del deber legal inherente al servicio público. No se trata de laudos recientes: muchos fueron dictados entre 2018 y 2022, y los montos por salarios caídos se han vuelto insostenibles para el municipio”, puntualizó.
