Durante el presente año, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, presentó ante el Congreso del Estado un total de siete iniciativas de ley con el objetivo de fortalecer el servicio público, mejorar la calidad de vida de las y los hidalguenses y promover la igualdad de derechos.
Entre las propuestas destaca la modificación de diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia del Poder Judicial, contemplando mecanismos de elección de jueces y magistrados, los cuales se prevé implementar en el año 2027.
Asimismo, el Ejecutivo estatal propuso una modificación al Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025, con el fin de edificar el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CASP), proyecto que permitirá dejar de pagar rentas por inmuebles ocupados por distintas dependencias y ofrecer servicios más accesibles y dignos a la ciudadanía.
De manera reciente, el mandatario envió un paquete de iniciativas que incluye la propuesta de extinción del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH), en concordancia con las reformas federales de 2024. Esta medida busca eliminar duplicidades, optimizar recursos y asegurar que el gasto administrativo se traduzca en beneficios reales para la población.
En materia de justicia administrativa, se planteó otorgar autonomía al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, con el propósito de garantizar una impartición de justicia más ágil, clara y confiable, así como delimitar responsabilidades, evitar la inamovilidad de magistradas y magistrados y favorecer la evaluación por desempeño.
Respecto a la legislación secundaria, se impulsó la Ley de Entidades Paraestatales para la creación de Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo, con estructuras más flexibles, especializadas y eficientes, que permitan mejorar la calidad de los servicios públicos y reducir los tiempos de respuesta.
Finalmente, se promovieron reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, para modificar la denominación de diversas áreas del Ejecutivo y optimizar facultades en materia de comunicación gubernamental, así como a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de fortalecer la transparencia, el cumplimiento de contratos y el uso responsable de los recursos públicos.
