La modernización del sistema de justicia y la lucha contra la corrupción en México son dos temas de los cuales se seguirá hablando en el próximo sexenio. En un país donde la corrupción se ha enquistado en las estructuras del Estado, resulta difícil no sólo la lucha contra la corrupción, sino reformar el sistema de justicia, detrás del cual hay un negocio que ha sido puesto en evidencia en los medios en distintos momentos de la vida del país, particularmente en la fuga de líderes del narcotráfico.
En una conversación sostenida con Diana Cristal González Obregón, abogada penalista y consejera honorífica en materia de transparencia del Senado de la República, coincidíamos en que hoy México enfrenta varios retos, uno de ellos, sin duda, es la aplicación de un sistema de justicia penal acusatorio, el cual ofrece varias alternativas para resolver un conflicto penal, mucho más rápido y facilitando a las partes una participación más activa, pero respetando los derechos humanos de todos.
Sin embargo, el nuevo sistema de justicia penal está encontrando obstáculos y González Obregón, que ha estado viajando por el país recientemente para hablar de él, considera que es urgente asimilar su aplicación a partir de un único procedimiento, comprendido exitosamente dentro de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y que busca la mejor y mayor aplicación de cada una de sus figuras, así como la mejor comprensión, más sencilla del avance de una investigación, en beneficio de la sociedad.
No obstante, solucionar estos conflictos que enfrenta el funcionamiento del nuevos procedimientos para impartir justicia en el país implica desarrollar un análisis sistémico y transversal, pues se busca no solamente enfocar los esfuerzos del Estado Mexicano en materia de justicia penal en estricto sentido, o de manera aislada, sino concebirla como parte de un grupo sistémico dentro del cual se encuentra también el sistema nacional de transparencia, que se alimenta del primero y como parte de un sistema nacional anticorrupción y de fiscalización.
Sin embargo, esta conceptualización de la justicia, la lucha contra la corrupción y la transparencia, como un solo sistema, no siempre es fácil de entender entre la clase política de donde proceden los legisladores, debido a los múltiples intereses que se mezclan en todo ello, pero que sin duda pueden hacer de México un país más democrático y menos corrupto a nivel internacional, pues el índice internacional sobre la precepción de la corrupción hoy lo sitúan en el lugar 123, entre los 176 países evaluados, después que en 2016 se ubicara en la posición 95.
En el caso del sistema nacional de transparencia, señala González Obregón, se busca crear puentes más estrechos entre la autoridad y la ciudadanía, para poder conocer y acceder a información pública, que en el caso de las investigaciones en materia penal, fortalecerán la confianza y el conocimiento, cada vez más claro de la sociedad en el nuevo sistema de justicia penal, el cual tiene entre sus objetivos la transparencia en la actuación de los operadores.
González Obregón plantea que existen otros retos en materia de transparencia, los cuales se alimentan del sistema de justicia penal acusatorio, entre ellos señala la disposición que permite al Fiscal, en materia de trasparencia, resguardar de manera temporal y excepcional algunos datos, mientras avanza la investigación; no obstante, para la doctora, es necesario crear criterios que permitan especificar cuáles datos sí es riguroso reservar y cuáles no; pues por ejemplo, en el caso de la delincuencia organizada, si bien es cierto el resguardo de datos para el avance científico, eficiente y eficaz de la investigación, es necesario en algunos casos, no todos los datos deben sujetarse a reserva.
Es ese sentido, González Obregón plantea que es indispensable que se definan los criterios a afecto de determinar la temporalidad de la reserva de esos datos, pues la sociedad busca conocer el avance de las investigaciones, por lo que al cumplirse lo anterior, se podrá fortalecer la confianza de la ciudadanía para con las autoridades y se fomentará el uso de la plataforma en materia de transparencia, tan importante tema también en materia de sistema nacional anticorrupción y de fiscalización.
Sin duda, mejorar el sistema de impartición de justicia y hacerlo transparente frente a los ciudadanos, al margen de la corrupción, es un reto enorme para el gobierno federal que requerirá de muchas horas de trabajo, en este y el próximo sexenio. Al respecto, González Obregón precisa que como parte del sistema nacional anticorrupción existe un comité ciudadano, el cual busca estrechar los puentes con la ciudadanía para conocer y vigilar la actuación de los diversos funcionarios públicos; así como participar en los mecanismos que permitan crear políticas que combatan e inhiban la corrupción.
González Obregón concluye precisando que el fiscal anticorrupción es parte de este valioso sistema penal, el cual es un elemento importante dentro de la urgente y nueva estructura de las Fiscalías y es esta nueva estructura de fiscalía la que debe operar el sistema penal acusatorio para lograr su mejor aplicación, pues si bien es cierto que el sistema penal acusatorio requiere de otros esfuerzos que se sumen para el combate a la corrupción, también cabe mencionar que en su aplicación, este importante sistema trata de inhibir en mucho la corrupción.
La consejera honorífica en materia de transparencia del Senado de la República concluye señalando que los sistemas de justicia penal, transparencia, anticorrupción y fiscalización, implican un cambio histórico e indispensable para nuestro México, y deben ser asimilados de manera conjunta, trasversal y sistémica en su conjunto, para una mejor implementación y aplicación, en beneficio de la ciudadanía.

Por: José Luis Ortiz Santillán
Economista, amante de la música, la poesía y los animales. Realizó estudios de economía en la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Se ha especializado en temas de planificación, economía internacional e integración. Desde sus estudios de licenciatura ha estado ligado a la docencia como alumno ayudante, catedrático e investigador. Participó en la revolución popular sandinista en Nicaragua, donde trabajó en el ministerio de comunicaciones y de planificación. A su regreso a México en 1995, fue asesor del Secretario de Finanzas del gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, y en 1998, fundador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.