La crisis del Partido Verde

La separación del cargo de la diputada Guadalupe Cruz Montaño por presunto acto de corrupción, el asesinato del alcalde Miguel Bahena, las acusaciones al alcalde Enrique Estrada de violencia hacia su esposa y las amenazas del regidor Benito Sánchez, tienen sumido al Partido Verde de Hidalgo en una crisis.

La política hidalguense ha sido históricamente un espacio complejo, marcado por tensiones entre proyectos partidistas, cacicazgos locales y renovaciones democráticas que avanzan a un ritmo desigual. Sin embargo, pocas veces un instituto político experimenta una acumulación de escándalos, señalamientos y fracturas internas como la que hoy enfrenta el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Hidalgo.

 

Lo que podría parecer una racha desafortunada es, en realidad, un síntoma de un problema más profundo: la fragilidad institucional y ética del partido en la entidad, así como su incapacidad para alinear figuras políticas confiables que sean capaces de representar seriamente al partido del tucán, en una época, en la que el partido de Morena construye su imperio, su poder y observa quién se equivoca.

 

La crisis no se explica por un solo hecho, sino por la suma de varios. Cada caso que ha ocurrido en Hidalgo ya sería motivo de cuestionamiento, pero juntos dibujan un panorama que coloca al Partido Verde en Hidalgo al borde de una deslegitimación severa.

 

La separación del cargo de la diputada local, Guadalupe Cruz Montaño, acusada de meter facturas falsas al Congreso, es uno de los episodios más delicados que enfrenta el PVEM. No sólo porque involucra un presunto acto de corrupción, sino porque ocurre en uno de los espacios que deberían encarnar la mayor vigilancia institucional: el Poder Legislativo.

 

Las acusaciones no sólo afectan a la diputada, golpean al partido mismo, porque deja muchas dudas sobre su manejo de recursos y su modus operandi electoral. Que una legisladora incurra —supuestamente— en prácticas fraudulentas deja al descubierto la falta de filtros internos, controles de integridad y mecanismos de supervisión.

 

Como si las irregularidades financieras no fueran suficiente, el asesinato del presidente municipal de Pisaflores, Miguel Bahena, militante del Partido Verde, añadió un matiz dramático a la crisis. Las autoridades avanzan en las investigaciones del homicidio, pero existen muchas teorías sobre lo ocurrido alrededor del asesinato, de tal manera que hasta el momento no se ha podido sentar en la silla el nuevo presidente municipal.

 

En el contexto de la crisis interna del PVEM el impacto se multiplica. La imagen del partido se ve envuelta en un halo de descontrol institucional que se suma a la percepción de desorganización y opacidad.

 

A la lista de escándalos se agrega el caso del presidente municipal de Tetepango, Enrique Estrada, también del Partido Verde, acusado por su esposa de violencia y amenazas. En un país donde la violencia contra las mujeres es un problema de dimensiones trágicas, tener a un alcalde señalado por conductas agresivas no sólo es un golpe político, es un reto para las autoridades quienes construyen narrativas en apoyo a las mujeres, pero en la práctica no se siente el mismo compromiso.

 

El caso no toca sólo al individuo, toca al partido que lo postuló, que lo respaldó y que, al no prever denuncias previas o antecedentes, demuestra una vez más que sus procesos de selección distan mucho de cumplir estándares mínimos de responsabilidad social. En pocas palabras, debe asumir responsabilidad política.

 

Como si el guión no pudiera volverse más absurdo, el caso del regidor Benito Sánchez, quien aparece disparando armas de fuego en videos y al que se le relaciona con amenazas con el presidente municipal, Jorge Hernández Araus, parece sacado de una tragicomedia política.

 

La escena es representativa de un partido en descomposición: funcionarios que, lejos de generar acuerdos o representar a sus comunidades, terminan encarnando la peor versión de la vida pública. Cuando un regidor recurre a las armas para resolver conflictos, el mensaje es claro: el caos institucional ha reemplazado la gobernabilidad.

 

En Hidalgo, el Partido Verde enfrenta una tormenta perfecta: escándalos personales, fracturas internas, casos de violencia, acusaciones de corrupción y un asesinato. Lo que haga en los próximos meses determinará si esta crisis será recordada como un episodio oscuro antes de una renovación… o como el principio del fin de un proyecto político que no supo sostenerse.

 

Si a todo lo anterior se le suma que en Hidalgo el partido del tucán no camina de la mano de Morena, y más aún, que sigue teniendo como der moral al senador Cuauhtémoc Ochoa, quien insiste en desgastarse innecesariamente, pues no es necesario ser adivino para entender que la mano que mece la cuna del Verde despacha en una oficina ubicada en el primer cuadro de la ciudad capital.

 

EL CONSPIRADOR 


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