Corría el año 2019, viernes 18 de enero, el país entero se cimbró al conocer la noticia que en Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, había ocurrido tremenda explosión por la fuga de combustible originada en un ducto de Pemex perforado para su extracción ilegal, hecho que, sin precisar todavía el número exacto, se hablaba ya de decenas de personas fallecidas.
A raíz de este lamentable accidente, en fecha reciente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe especial contenido en un amplio documento de 79 páginas, en donde establece que con ello busca identificar el grado de responsabilidad que pueden tener las autoridades al momento de ejercer un deber de cuidado respecto a ciertas actividades encaminadas a satisfacer necesidades colectivas.
Se puntualiza que la finalidad del documento en cuestión es analizar la manera en que se realizó la intervención o participación de las autoridades competentes desde las primeras horas del incendio; así como la supervisión, investigación y fiscalización en materia administrativa y penal desde un enfoque de los derechos humanos. Todo ello encaminado a proponer políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos para evitar que eventos de este tipo vuelvan a ocurrir.
A lo largo del informe se establece que hoy Hidalgo es la entidad con mayor número de tomas clandestinas en el país con 10 mil 214 por 5 mil 049 en el Edomex y 4 mil 179 en Puebla. Puntualiza que los registros evidencian que las tomas de este tipo no son hechos aislados ni poco probables; por el contrario, han aumentado. Lo anterior -agregamos- por más que el discurso triunfalista del entonces presidente Obrador asegurase que “ya se terminó con el huachicol”.
A pesar de lo anterior, no se ha diseñado un plan integral ni mecanismos efectivos para prevenir, detectar o reducir el robo de hidrocarburos, mitigar los conflictos en la zonas afectadas o atender la salud y los daños al medio ambiente en las comunidades siniestradas.
La CNDH establece en su informe que alrededor de las 4 de la tarde comenzaron a llegar los vecinos por combustible al ser avisados a través de las redes sociales de una gran fuga de gasolina, que en un momento dado había ya una multitud calculada en 800 personas y que la explosión se produjo alrededor de las 7 de la noche. Pemex había cerrado las válvulas una hora antes.
El gobierno gastó -dice la CNDH- 85 millones de pesos en la atención de la emergencia, apoyo sanitario, acompañamiento del gobierno, el derrame del combustible y en la reparación del ducto. Se destaca que en este gasto no se contempla lo relativo a la remediación del suelo en los terrenos de cultivo en donde ocurrió la explosión.
La Comisión informa que al año de ocurridos los hechos, la Sedena echó a andar el “Plan Conjunto del Gobierno de la República para Combatir el Robo de Hidrocarburo de Pemex”. Recomienda que el incremento de tomas clandestinas es un factor que debe considerar la paraestatal a efecto de incrementar sus recursos humanos y materiales.
De igual forma, que debido al riesgo que entraña el transporte de hidrocarburos a través de ductos debe emitir protocolos de actuación en donde se contemplen campañas de difusión en medios masivos para advertir a la población acerca de las consecuencias de estar en contacto con hidrocarburos.
A final de cuentas los números de la explosión fueron impactantes: 138 fallecidos; 13 sobrevivientes, cinco de ellos adolescentes; 194 niños quedaron en situación de orfandad y dejados en un estado de vulnerabilidad para sus proyectos de vida.
La Comisión, en sus consideraciones finales, establece que el gobierno tiene la obligación de garantizar los derechos humanos y es claro que existe una responsabilidad compartida entre autoridades y gobernados. Hasta hoy, Pemex ha omitido adoptar las medidas necesarias, razonables y efectivas para abordar el grave problema de la extracción ilegal de hidrocarburos.
Por hoy es todo. Nos leemos en la próxima entrega, pero… Entre nos.
Por: José Guadalupe Rodríguez Cruz
*Egresado de la UNAM como licenciado en Derecho y Diplomado por el Instituto de Administración Pública de Querétaro y por la Universidad Iberoamericana en Políticas Públicas. *Regidor Municipal en Tula, Secretario Municipal de Tula, Diputado local en la LVII y LIX Legislaturas en el estado de Hidalgo y Presidente Municipal Constitucional de Tula 2000-2003. *Autor del libro “Desde el Congreso Hidalguense” y coautor del libro “Tula... su Historia” *Director y fundador del periódico bisemanario “Nueva Imagen de Hidalgo”, que desde 1988 se pública en Tula, Hgo.
