Las desapariciones en México encumbran un tema que ha rebasado al Estado y que requiere la reorientación de estrategias en materia de seguridad pública y de investigación policial.
Mis únicos y queridos lectores, Hidalgo en el Índice de Paz en México ya figura dentro de la dantesca narrativa de las desapariciones en México y pone en alerta a la seguridad pública para trazar un nuevo esquema de prevención y control de este flagelo que ha enlutado a la nación.
Empero, a diferencia de las desapariciones que provienen producto de actos de la delincuencia organizada, la tragedia de Ayotzinapa -donde 43 estudiantes fueron desaparecidos- ha trazado líneas históricas de una doble dimensión hacia un crimen de Estado que se suma a la inenarrable herencia de latrocinios de los gobiernos del antiguo régimen que dejaron una dolorosa huella de horror en la conciencia del país.
Los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa continúan en diálogo, ahora, con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum; tratando de finiquitar las investigaciones que jamás propiciaron una verdad histórica. En este trazo, todo apunta que las huellas de lo que sucedió se han entorpecido y que las formas en que se ocultaron pruebas no han hecho posible concretar de manera veraz las pesquisas e indagatorias de las implicaciones e implicados en este crimen de Estado.
Pese a que el gobierno de AMLO tuvo voluntad política para atraer el caso de Ayotzinapa, las indagatorias jamás brindaron una verdad histórica que fuera capaz de convencer a los padres de los desaparecidos, por lo que el caso quedó a título de una herida abierta.
Las narrativas de casos como Tlatelolco 1968 y Ayotzinapa no pueden ser pasadas por alto porque enlutaron a la sociedad y crearon las bases del distanciamiento de la ciudadanía con el Estado, acusándolo de haber perpetrado crímenes de lesa humanidad que no puede ser cerrados o prescribir en tiempo y espacio.
En este trazo, no basta con la voluntad política que pueda tener el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para tratar de atender esta herida histórica. La realidad de probidad y transparencia del Estado también transita para esclarecer desde los archivos que deben ser abiertos escudriñar los hechos de Ayotzinapa.
Durante años, los padres de familia han exigido que se abran los archivos que marcan la actuación de la Policía y el Ejército en el evento. Empero, esta información parece haber quedado constreñida a la discrecionalidad gubernamental, lo que ha avivado año con año las indagatorias y pesquisas que han quedado abiertas para los familiares de los estudiantes desaparecidos que se niegan a cerrar el caso, precisamente porque jamás fue desahogado en base a un debido proceso legal, como tampoco bajo la certidumbre de pruebas contundentes de sus implicaciones.
Por ende, al no haber existido un debido proceso desde la administración de Enrique Peña Nieto, tampoco puede señalarse que existe una verdad histórica, cuya validez se encargue de precisar la realidad de los hechos.
Es verdaderamente espeluznante lo que ocurrió en Ayotzinapa, pero este tipo de realidades cruentas en estados que se han visto rebasados por la actuación de su estructura política y de gobierno se suelen naturalizar y echar tierra y por tierra el asunto.
La presidenta Sheinbaum Pardo ha mostrado que es una estadista con una conciencia proclive al entendimiento y al amparo social; esperemos que Ayotzinapa esté en este mismo sentido de la transformación que requiere la nación.
Por: Carlos Barra Moulain
Carlos Barra Moulain es Dr. en Filosofía Política, su ciudad natal es Santiago de Chile, encuentra en el horizonte social su mejor encuentro con la historia y hace de las calles el espacio de interacción humana que le permite elevar su conciencia pensando que la conciencia nos ha sido legada por los otros.
