En meses recientes, el gobierno federal anunció la instalación de una comisión presidencial encargada de elaborar una propuesta de reforma electoral. La intención declarada gira en torno a la austeridad en el gasto público, la simplificación institucional y el fortalecimiento de la participación ciudadana en las decisiones públicas. Se trata, sin duda, de una discusión relevante, pues cualquier modificación constitucional en materia electoral impacta directamente en las reglas que organizan la competencia política.
El contexto de esta eventual reforma no es menor. Para modificar la Constitución se requieren mayorías calificadas en el Congreso de la Unión, lo que vuelve indispensable la construcción de acuerdos al menos entre Morena y sus fuerzas aliadas. En este escenario, los votos del Partido del Trabajo y del Partido Verde resultan determinantes para que la iniciativa prospere. Desde su origen, por tanto, la reforma no es sólo un asunto técnico, sino también un ejercicio de negociación política.
Reconocer la necesidad de revisar el sistema electoral no debería generar una resistencia automática. Ningún diseño institucional es perfecto y, después de décadas de evolución democrática, es razonable abrir un debate sobre su funcionamiento, sus costos y su eficacia.
Uno de los argumentos centrales ha sido el de la austeridad. En un país con profundas desigualdades sociales, el uso eficiente de los recursos públicos que sostienen una democracia es una exigencia legítima de la ciudadanía.
En consecuencia, presentar la reforma como un mecanismo para “dar más poder de decisión a las personas” también merece una reflexión de fondo. La participación ciudadana no se agota en mecanismos tradicionales, sino que depende de que la gente crea en las reglas del juego y en las instituciones que las aplican. La ciudadanía no sólo quiere votar, quiere ser parte de las decisiones públicas.
Sin embargo, el reto político más inmediato radica en la necesidad de construir una mayoría constitucional con fuerzas que, si bien forman parte del mismo bloque legislativo, también tienen agendas propias, intereses territoriales y márgenes de negociación diferenciados.
Lograr que el Partido del Trabajo y el Partido Verde acompañen una reforma de esta naturaleza podría implicar la necesidad de equilibrar el objetivo de la austeridad con las condiciones políticas que estos partidos consideren necesarias para respaldarla con base en sus propios intereses. Ahí se jugará buena parte de la viabilidad de la reforma: en la capacidad de articular consensos que no sólo sumen votos en el Congreso, sino que comuniquen una cohesión política en las entrañas de la 4T.
