La reciente aprobación de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales no se realizó en “fast-track”, afirmó el diputado federal de Morena, Ricardo Crespo Arroyo, al sostener que el proyecto fue consultado con especialistas, organismos nacionales y sectores productivos antes de su votación.
En entrevista para Effetá, el legislador explicó que la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en octubre de este año abroga la ley vigente desde 1992 para actualizar disposiciones sobre el uso, distribución y regulación del agua, así como reforzar la administración de concesiones.
Tras más de 24 horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas, y posteriormente el Senado avaló la dispensa de comisiones para ratificarlas durante la noche del 4 de diciembre.
Tal premura generó inconformidad de la oposición y de algunos grupos de campesinos, quienes solicitaban más cambios al proyecto. Además, expresaron preocupación por temas como la centralización de las concesiones por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la posible concentración de estos permisos en el Estado, la pérdida de derechos adquiridos y la falta de seguridad jurídica.
“La iniciativa llega del Poder Ejecutivo, la Cámara de origen es la Cámara de Diputados y por supuesto que se organizaron los foros y consultas con expertos y distintas asociaciones, aquí está la prueba donde está el posicionamiento de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS) respecto al dictamen de ley, aquí está la prueba de esta asociación nacional, lo dice con claridad que se les tomó en cuenta y aquí dice en su posicionamiento que está bien hecha y que se tomó acuerdo, de hecho recibí a compañeros hidalguenses que estuvieron en esas mesas de trabajo. Sí hubo esa consulta”.
Crespo Arroyo abundó que la aprobación fue conforme a los tiempos legislativos, pero reiteró que el tema es urgente y requería atención inmediata. Igualmente, justificó que ahora priorizarán que la Conagua regule las concesiones y no sean los privados quienes absorban estos permisos.
“No es en ‘fast-track’, el tiempo legislativo debe de ser rápido, importante, porque apremia el tiempo, ya no podemos dejar pasar esto; ¿cuál es el objetivo?, insisto, cuidar nuestra agua, generar los mecanismos y no es que el gobierno se la quiere apropiar, no, el Poder Ejecutivo, el gobierno, es el garante de cuidar los recursos, el patrimonio de nuestro país”.
Subrayó que próximamente elaborarán las leyes secundarias, las cuales incluirán detalles como la operatividad de cuencas y organismos descentralizados, la gestión y la transferencia de concesiones, entre otros temas.
“El objetivo de la presidenta es garantizar el consumo humano del agua y el segundo es que, sin perder de vista el concepto de alimentación —y se lo digo a todos mis compañeros hermanos campesinos, agricultores que tienen distintos segmentos de la agroindustria, de la agricultura, de la ganadería—, se les respetan todos sus derechos; lo que sí vamos a fortalecer es poderlos administrar correctamente y no solamente administrar, sino aquello que todavía no está legal, lo vamos a poder armonizar ya, les vamos a dar todas las facilidades”.
Lamentó que la discusión tuviera tintes políticos por parte de las bancadas opositoras, quienes —dijo— sólo critican. Por ejemplo, abundó, uno de los principales señalamientos durante el debate en la Cámara baja fue la falta de recursos para implementar adecuadamente estas leyes.
Al respecto, el diputado por el distrito de Pueblo Nuevo refirió que en el Presupuesto de Egresos 2026 se etiquetaron recursos importantes para Conagua y para el estado, con el fin de apoyar al gobernador Julio Menchaca Salazar en sus proyectos de infraestructura vial e hídrica.
Expuso algunos de los beneficios para Hidalgo, como la regularización del uso, derechos, concesiones, su transmisión y sucesión. También implementarán un padrón nacional para conocer la cantidad de permisos y asegurar su correcta administración. La nueva ley otorgará certeza jurídica a pequeños y grandes productores, e incluso prevé un apartado para el uso agropecuario familiar. Asimismo, amplía las prórrogas en caso de sucesiones y contempla un fondo de reserva nacional.
Reconoce en los sistemas comunitarios los servicios de agua para actividades productivas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; también establece que el tratamiento de sus aguas se apegue a sus sistemas normativos y se rijan por la ley reglamentaria del artículo segundo constitucional.
En la Ley de Aguas Nacionales, además, se considera la tecnificación de los sistemas de riego y que el manejo, explotación, uso y reúso del agua no excederán los volúmenes concesionados, con la finalidad de mantener el equilibrio hidrológico de cuencas y acuíferos. También se establece que el Programa Nacional Hídrico se actualizará y mejorará conforme a criterios y directrices sociales, ambientales y económicas que garanticen la equidad en el acceso al líquido, entre otras disposiciones.
