Se tienen denuncias contra cuatro funcionarios estatales de la administración anterior -directores generales- por delitos como enriquecimiento ilícito y que ya están vinculados a proceso, pero hay cinco órdenes de aprehensión más que no se han ejecutado: dos contra ex funcionarios municipales y el resto se trata de ex secretarios estatales.
Así lo informó Santiago Nieto Castillo, encargado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), quien acotó que estas investigaciones no llegan al ex gobernador Omar Fayad Meneses, pues son materia de la Secretaría de la Contraloría las investigaciones sobre el aumento del patrimonio durante su periodo como mandatario.
"Contra el ex gobernador no tenemos denuncia, no se nos ha presentado", reiteró el también abogado, y explicó que es una labor estrecha con la Contraloría que revisa estos temas específicos.
En entrevista, al finalizar la presentación de la iniciativa de ley para el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, Nieto Castillo apuntó que ya se liberaron órdenes de aprehensión contra accionistas de empresas fachada que se prestaron para triangular recursos públicos en el esquema de la Estafa Siniestra, pero recordó que hay prestanombres de quienes podrían estar detrás funcionarios públicos (como fue el caso de la denominada Operación Safiro en Chihuahua).
Cabe recordar que algunos propietarios de estas empresas, como Producciones Autica, buscaron la protección de la justicia federal.
RECURSOS EMANADOS DE DELITOS, AL INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO
En conferencia de prensa se presentó la iniciativa de ley para el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, para que, bajo esta legislación, se proceda al decomiso de recursos emanados desde ilícitos como: narcomenudeo, trata de personas, robo de combustible, y otros delitos del fuero común.
Y esta reforma al Código Penal del Estado de Hidalgo (art. 331) también incluye agravantes para cuando se involucran personas menores de 18 años, al igual que cuando el delito es cometido por un servidor público.
Se destacó que en los casos recientes de trata de personas están investigando el destino de este dinero, pues la red tenía captadas a 28 mujeres colombianas y había una adolescente.
De aprobarse la ley en el Congreso local, que presentará la diputada Lisset Marcelino, los recursos decomisados serán destinados para el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
