Las cosas no marchan bien para el país ni para el estado de Hidalgo. A principios de octubre, el abogado Ricardo César González Baños, subprocurador de Procedimientos Penales Región Oriente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), fue designado fiscal anticorrupción. Se trata de un intelectual que ha estado ligado siempre a la docencia y que ha acumulado una gran experiencia en la administración pública; un hombre afable e intachable que tuve la oportunidad de conocer, el cual no sólo tiene la confianza del gobernador y del procurador para enfrentar ese reto, sino de la clase política del estado.
Ahora el problema radica en elegir entre los 37 candidatos que reúnen las condiciones de ética profesional intachable para conformar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. No será un trabajo fácil, pues entre los candidatos existen algunos que con su sola participación como candidatos desprestigian ese proceso, dado que durante su trabajo como servidores públicos han cometido actos de corrupción que han quedado impunes, encubiertos por sus padrinos para evitar ser inhabilitados; algunos incluso han llorado y pedido perdón por sus actos frente a sus subordinados.
No nos corresponde participar en esa selección, por lo cual omitimos nombres y dejamos a la Comisión de Selección de la LXIII Legislatura del estado que elija a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, con el cual Ricardo César González Baños deberá inaugurar los trabajos.
Paralelamente a este proceso que se está realizando en los estados, el debate continúa en la Federación para nombrar al fiscal general de la Nación y al fiscal Anticorrupción. Después del intento del PRI de imponer como fiscal general al procurador general de la República por un periodo de 9 años, Raúl Cervantes, y del fracaso de ese proceso por la oposición del Frente Amplio Democrático (FAD), finalmente el procurador terminó por renunciar este lunes 16 de octubre, dejando las manos libres al presidente Enrique Peña Nieto para actuar.
El PRI ha hecho todo lo posible por hacerse con el control de la Fiscalía General de la Nación y de la Fiscalía Anticorrupción, demostrando que no es la democracia su preocupación por ahora, sino hacer una futura cacería de políticos corruptos.
En la coyuntura actual de desarrollo de México y de democratización de sus instituciones, de lucha contra la impunidad y la corrupción, los ciudadanos se merecen poder contar con fiscales neutrales que puedan asumir la tarea de reconstruir la credibilidad en el Estado mexicano. Lamentablemente para él, Raúl Cervantes nunca fue un ciudadano independiente que haya llegado por concurso abierto de oposición al puesto de procurador y que pudiera optar por postularse como fiscal.
En realidad, Cervantes es un abogado que ha tenido éxito en el medio empresarial, es fundador y director general del despacho CEA-Abogados; militante del PRI que ha podido hacer desde sus filas una exitosa carrera política: ha sido diputado federal en dos ocasiones y senador con licencia actualmente; además, fue delegado a las Asambleas Nacionales XVIII y XIX del PRI, consejero político nacional, coordinador de Asuntos Jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional y actualmente es secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Como lo he planteado en otras ocasiones, en nuestro país existen formidables hombres y mujeres que reúnen el perfil para ser fiscales, como la doctora Diana Cristal González Obregón o los juristas Rafael Martínez Puón, José Agustín Pineda Ventura, José Mario de la Garza Marroquín, Denise Guillén Lara, María Solange Maqueo Ramírez, Fernando Nieto Morales, Khemvirg Puente Martínez, Sofía Gómez Ruano y Víctor Samuel Peña Mancilla, intelectuales que hoy forman parte del Consejo Consultivo del INAI. Pero no son los únicos, hay muchos otros que podrían cubrir el perfil y los senadores bien pueden elegir a los mejores.
El riesgo siempre será que la sociedad y la clase política no asuman su rol de censurar y validar a los candidatos a ocupar esos puestos de tan alta responsabilidad, lo que podría provocar que personas vinculadas con la corrupción, sin escrúpulos, que han hecho de la impunidad un medio para seguir viviendo del Estado, a costa de los ciudadanos, puedan ocupar puestos de tan alta envergadura o formar parte de los Consejos Ciudadanos Anticorrupción, pues podríamos reproducir la historia de Brasil, donde los corruptos han terminado por controlar y manipular las leyes en su propio beneficio.
Por: José Luis Ortiz Santillán
Economista, amante de la música, la poesía y los animales. Realizó estudios de economía en la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Se ha especializado en temas de planificación, economía internacional e integración. Desde sus estudios de licenciatura ha estado ligado a la docencia como alumno ayudante, catedrático e investigador. Participó en la revolución popular sandinista en Nicaragua, donde trabajó en el ministerio de comunicaciones y de planificación. A su regreso a México en 1995, fue asesor del Secretario de Finanzas del gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, y en 1998, fundador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
