Las declaraciones 3 de 3 son una de las estrategias más representativas en la lucha contra la corrupción, y en el estado de Hidalgo implica la obligación de cumplimiento para más de 3 mil 500 funcionarios de nivel 10 hacia arriba, respecto a la declaración fiscal, patrimonial y de intereses.
Quienes tengan ingresos superiores a los 400 mil pesos anuales deberán cumplir con la presentación fiscal ante el SAT a más tardar el día 30 de abril.
Aproximadamente mil servidores públicos del Poder Ejecutivo y mil más del Legislativo y Judicial que cuentan con dicho nivel —es decir, director de área en adelante— deberán cumplir con esta obligación. En esta administración, los obligados del Poder Ejecutivo son 630 directores de área, 230 directores generales, 47 subsecretarios, 19 secretarios y el propio gobernador.
En los 84 municipios corresponde a mil 500 asambleístas y funcionarios municipales presentar la declaración fiscal, y deben considerar como ingresos todo tipo de percepciones: aguinaldos, bonos y cualquier tipo de apoyo o dinero que ingrese a sus cuentas bancarias por cualquier concepto.
En el mes de mayo, un poco más de 80 mil burócratas de todos los niveles en el Poder Ejecutivo, 28 mil servidores públicos municipales, 2 mil de los poderes Judicial y Legislativo, así como 10 mil burócratas de los órganos públicos autónomos deberán presentar su declaración de situación patrimonial y de no estar en conflicto de intereses.
En total, 120 mil trabajadores en el estado presentarán declaraciones patrimoniales durante el mes próximo, y casi el 3 por ciento de ellos tienen el deber de presentar además su declaración fiscal.
La Contraloría, a cargo de Álvaro Bardales, inició capacitaciones presenciales y virtuales en todo el estado. En lo que va del año, se ha capacitado a mil 900 personas servidoras públicas en materia de declaraciones y responsabilidades administrativas.
Estas acciones buscan evitar sanciones e inhabilitaciones como las que enfrentaron altos funcionarios de gobiernos anteriores, incluidos exsecretarios, o burócratas que por omisos fueron inhabilitados. Incluso, se han presentado casos en los que personas electas para presidencias municipales enfrentaron procesos legales para poder tomar posesión de sus cargos por no haber cumplido con estas obligaciones.
Sin distinción, todos los burócratas de nivel 10 —que son quienes ganan 400 mil pesos en adelante—, ya sean de base, confianza u honorarios, tienen el deber de cumplir con su 3 de 3 y hacer público su patrimonio.
