Hidalgo vive momentos de cambio desde hace algunos años, pero a veces esos cambios abanderados por la austeridad terminan cayendo en la ironía política y legislativa. Esto ocurre porque en diciembre pasado, el Congreso del estado aprobó el presupuesto para 2026, donde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) fue objeto de un importante recorte.
Hasta ahí, el asunto sonaría común respecto de lo que ha sucedido en los últimos años. Pero en esta ocasión hubo un matiz importante: dentro del recorte presupuestal se incluyó eliminar las dietas y los vehículos que, año con año —al menos desde 2018— se habían venido otorgando a los representantes de los partidos políticos, quienes, dicho sea de paso, ni siquiera son trabajadores del órgano electoral.
Y ahí aparece la primera ironía. El recorte al presupuesto electoral no fue impuesto desde fuera: fue aprobado por los mismos legisladores que representan a los partidos políticos que hoy se ven afectados por sus efectos. Es decir, los partidos se recortaron recursos a sí mismos, tal vez sin saberlo… hasta que comenzaron a aparecer las consecuencias.
Porque cuando el Congreso votó ese ajuste presupuestal —con el respaldo de todas las fuerzas políticas, salvo el PRI— pareciera que pocos se detuvieron a revisar con detalle qué implicaba realmente lo que estaban aprobando. En ocasiones la austeridad legislativa funciona muy bien como discurso político, aunque no siempre como ejercicio cuidadoso de revisión presupuestal.
En medio de ese escenario, el partido Movimiento Ciudadano, a través de su representante y presidente de su Consejo Estatal, Pablo Arturo Gómez, consideró el asunto lo suficientemente relevante como para llevarlo a los tribunales electorales, exigiendo que el IEEH cubra la dieta de más de 52 mil pesos mensuales, además de mantener el vehículo que, como ya se dijo, tradicionalmente se asignaba a ese cargo, sin saber -al parecer- que el órgano electoral sí lo presupuestó y fue el Congreso quien no lo aprobó.
La escena, inevitablemente, deja una imagen difícil de ignorar: por un lado, fueron 27 de los 30 diputados quienes aplicaron estos recortes sin prever sus consecuencias –incluidos, ¿quiénes cree? ¡los dos diputados de Movimiento Ciudadano!–, donde además la presidenta de la Directiva en ese momento fue la propia diputada emecista, Karla Perales Arrieta. Por el otro, ese mismo partido ahora acude a tribunales para recuperar los recursos que en su momento votó por recortar. El chiste se cuenta solo.
Y es que al final, más allá de los argumentos jurídicos que se pueden discutir en un juicio, lo que queda es una escena bastante ilustrativa de la política contemporánea: primero se aprueban recortes en nombre de la austeridad… y después viene lo que al parecer son las consecuencias de votar sin revisar.
