La noticia que circuló en Hidalgo —la entrega de un kilo de jitomates a cambio de afiliarse a Morena para beneficiar al hijo del polémico subprocurador estatal, Irám González— no es una anécdota menor ni una exageración. Es la radiografía de un vicio político persistente: el uso de recursos y símbolos del poder para condicionar derechos políticos, normalizar el clientelismo y desdibujar la frontera entre partido y Estado.
En un país donde el discurso oficial se ha sostenido sobre la promesa de erradicar las “viejas prácticas”, el episodio resulta particularmente grave por su carga simbólica. No se trata del valor material del incentivo —un kilo de jitomates—, sino del mensaje: la afiliación partidista convertida en transacción; la voluntad ciudadana abaratada y la política reducida a trueque. Cuando la militancia se compra, aunque sea con alimentos, la democracia se degrada.
El señalamiento de que la operación buscaba favorecer a un familiar de un alto funcionario agrava las cosas. Estamos frente a una doble distorsión: clientelismo electoral y nepotismo, dos prácticas que los marcos legales y éticos buscan desterrar. El problema no es sólo la ilegalidad, es la impunidad cultural que permite que estas acciones se conciban como “estrategia” y no como falta grave.
Morena ha construido su identidad pública sobre la austeridad, la ética y la superioridad moral frente a los partidos tradicionales. Precisamente por eso, episodios como este erosionan con mayor rapidez su credibilidad. No hay discurso que resista cuando la práctica cotidiana contradice los principios. La austeridad no es repartir alimentos para sumar firmas; la ética no es condicionar apoyos; la transformación no se mide por el volumen de afiliaciones sino por la calidad de la vida democrática.
Además, el uso de alimentos como incentivo desnuda de cuerpo entero lo que por dentro se construye en Morena sin que nadie lo impida, asumir que la necesidad puede instrumentalizarse para fines partidistas. En contextos de desigualdad, esa práctica es reprobable, porque se aprovecha de carencias reales para obtener réditos políticos. No es política social, es manipulación.
El silencio o la tibieza institucional frente a estos hechos también dice mucho. Cuando no hay investigaciones claras, deslindes públicos y sanciones, el mensaje implícito es que todo se vale si sirve para engrosar padrones o fortalecer cotos de poder. La responsabilidad no recae sólo en quienes ejecutan la práctica, sino en quienes la toleran o la minimizan.
Hidalgo, como cualquier entidad, necesita partidos fuertes y ciudadanos libres, no militantes reclutados por incentivo. La afiliación debe ser un acto voluntario, informado y consciente, no el resultado de una dádiva. De lo contrario, se prostituye la participación política y se normaliza el cinismo.
Pero todo tiene nombre y apellido y detrás de este lamentable suceso ocurrido en Mineral de la Reforma que trascendió a nivel nacional, se encuentra el subprocurador Irám González Pérez, el joven “beneficiado” Irám González Trejo, quien el fin de semana compitió para seccional de Morena y la cereza del pastel presumiblemente la pondría ni más ni menos el secretario de Agricultura, Napoleón González, quien le habría donado los jitomates a su sobrino, es decir, la familia regenteando a Morena como negocio personal.
La política midiéndose en kilos de jitomate pone a Morena en Hidalgo contra las cuerdas, pero sobre todo se pierde la dignidad del voto y la confianza de la ciudadanía. Tarde o temprano se cobrará la factura.
¿Qué compromisos habrá con los González, que se les permite todo?
EL CONSPIRADOR
