El titular de la Secretaría de la Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bárdales Ramírez, expresó que percibe un posible conflicto de interés político en el caso de la asignación de un contrato por más de 11 millones de pesos, otorgado por la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (SIPDUS) a una constructora propiedad de los hermanos del diputado federal Ricardo Crespo Arroyo.
“Si tú me lo preguntas así, yo sí veo el conflicto de interés político y por eso lo determinó así la Federación —la Auditoría Superior de la Federación (ASF)—”, dijo el funcionario al referirse a la observación realizada por el ente fiscalizador a la obra, consistente en un bardeado perimetral.
No obstante, el contralor señaló que es necesario diferenciar entre conflicto de interés y conflicto de interés político, ya que en la observación emitida por la ASF no se establece como tal un conflicto de interés.
“El conflicto de interés no se configura y no lo puede configurar la ASF, porque no es un delito que una persona sea pariente de alguien que es accionista, representante legal o técnico de alguna empresa. El conflicto de interés se da cuando quien tiene la decisión de contratar influye para beneficiar a un familiar”, agregó.
Puntualizó que el conflicto de interés político se presenta cuando, a través de la influencia política, se obtiene un beneficio económico, razón por la cual la federación mantuvo la observación. Asimismo, mencionó que la obra se encuentra concluida al 100 por ciento.
La convocatoria de licitación se publicó el 26 de agosto de 2024 y el fallo se emitió el 19 de septiembre, a favor de Agicresa SA de CV, propiedad de Arturo y Gibrán Crespo Arroyo, hermanos del legislador.
Explicó que el concurso inició antes de que el diputado tomara protesta (1 de septiembre) y que el contrato se firmó el 1 de noviembre, cuando ya se encontraba en funciones. Indicó que se investiga si el oficio de autorización y la convocatoria fueron emitidos antes de que asumiera su cargo federal.
Finalmente, señaló que los hallazgos serán enviados a la ASF para solventar las observaciones; en caso de no aceptarse las pruebas, podrían derivarse sanciones administrativas, inhabilitación de la empresa o incluso denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), al tratarse de recursos federales.
