Genoveva Martínez
Será el secretario de Gobierno, Simón Vargas, quien el próximo 5 de septiembre entregará por escrito el primer informe de actividades del gobernador Omar Fayad Meneses, con lo cual se descarta toda posibilidad de realizar un magno evento para ello y, por tanto, el gasto de recursos públicos.
María Luisa Pérez Perusquía, presidenta de la Junta de Gobierno, dijo que tal como lo establece la Constitución Política del Estado, el mandatario hidalguense remitirá la documentación para el análisis de los diputados.
“Dentro de la sesión solemne se hará la recepción del informe por escrito, no habrá posicionamiento de partidos, porque eso es cuando hay una presentación por parte del titular del Poder Ejecutivo, y como será por escrito, no se prevé posicionamiento. Entiendo que esto obedece a que el gobernador no quiere generar mayores gastos”, dijo.
Cabe recordar que la ley establece como obligaciones del gobernador: presentar un informe por escrito al Congreso, el día 5 de septiembre de cada año, para dar cuenta del estado que guardan los diversos ramos de la Administración Pública.
Será la primera vez que un gobernador hidalguense no llevará a cabo eventos onerosos para dar cuenta de las acciones generadas durante el primer año de mandato.
“Seremos respetuosos del formato del gobernador, nosotros respetamos la ley y esperamos a recibirlo, a él le asiste el derecho a elegir esa opción”, agregó la diputada.
Cuestionada sobre el proceso de registros para aspirantes a la fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción y los integrantes de la Comisión de Selección que nombrarán al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Pérez Perusquía reiteró que el plazo vence este 31 de agosto a las 16 horas.
Señaló que para fiscal especializado hay 11 inscripciones, mientras que hay 13 para formar parte de la comisión de selección.
La convocatoria menciona que se conformará un listado de diez personas que someterán ante el pleno del Congreso antes del 20 de septiembre, previo análisis de los integrantes de la Junta de Gobierno.
En caso de que antes del 30 de septiembre, el Poder Ejecutivo no tenga un fiscal designado, enviarán una terna y asignarán un titular provisional hasta que realicen el proceso establecido por la ley.
