La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejecuta desde la madrugada de este jueves una diligencia ministerial de restitución en la planta cementera de la Cooperativa La Cruz Azul, ubicada en Tula de Allende, en cumplimiento de una orden emitida por un juez mexiquense.
El despliegue se realiza bajo mandato judicial y cuenta con la presencia de autoridades ministeriales. De manera coordinada, corporaciones del estado de Hidalgo participan en el operativo para brindar seguridad perimetral y salvaguardar a la población en las inmediaciones de la planta.
Aunque no se han detallado públicamente los alcances específicos de la restitución, la intervención ocurre en un contexto de alta complejidad jurídica y social derivado del conflicto interno que desde 2020 enfrenta a distintos grupos por el control del Consejo de Administración y la representación legal de la cooperativa.
La disputa se intensificó tras las investigaciones federales contra la antigua dirigencia encabezada por Guillermo “Billy” Álvarez, quien finalmente fue detenido en enero de 2025 después de permanecer varios años prófugo por acusaciones relacionadas con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El conflicto no sólo se trasladó a tribunales civiles, mercantiles y penales, sino también al terreno físico. El 27 de abril de 2022 un enfrentamiento entre grupos antagónicos en la planta de Tula dejó al menos ocho personas fallecidas y al menos 11 heridos.
Además del saldo humano, la pugna ha generado importantes daños económicos. La paralización parcial de operaciones, litigios constantes, cortes de energía y disputas administrativas impactan la producción de cemento y provocan pérdidas millonarias, así como afectaciones laborales para socios y trabajadores.
