idalgo se ubica en el panóptico de las entidades donde el robo de hidrocarburos ha tenido una escalada, que propició que el gobernador Julio Menchaca Salazar enviara una iniciativa de ley para el combate del huachicol al Senado de la República, la cual fue frenada pero ha sentado el precedente para que la ingeniería constitucional contemple un nuevo trayecto en la creación de estrategias jurídicas concurrentes en la federación.
En el correlato del combate a la delincuencia, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha prescrito los ejes de consolidación para la Estrategia Nacional en Seguridad del Gobierno de México: I. Atención a las causas de la violencia, II. Consolidación de la Guardia Nacional, III. Fortalecimiento de labores de inteligencia e investigación y coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas.
En este trazo, es necesario reflexionar sobre el impacto y desplazamiento de delitos, donde el financiamiento del huachicol auspicia nuevas condiciones concatenadas con delitos como la extorsión. Es necesario reflexionar sobre la correlación de delitos en la administración municipal de Sergio Baños, en la cual, la extorsión fue el delito de mayor impacto en Pachuca y los alcances de una reforma integral en la concurrencia del combate al robo de hidrocarburos como la propuesta por el gobernador Menchaca Salazar en Hidalgo.
El Índice de Paz México detectó una conexión entre el trasiego de huachicol y el crecimiento de delitos como la extorsión; por ende, una política de seguridad integral debe ser apreciada por el Senado de la República.
En este escenario, el extravío en materia de seguridad en la administración de Sergio Baños condensa tres vectores de irregularidades que aquejan a la presente administración de Jorge Reyes en Pachuca.
I. El deterioro de la credibilidad ciudadana
Pese a la aprobación generada por el alcalde Jorge Reyes en Pachuca, los resabios de la administración de Baños Rubio en materia de seguridad pública propiciaron desencuentros y conflictos con la ciudadanía que, frente a los estragos y extravíos de la ciudad capital, engrosaron desánimo y pérdida de credibilidad en la administración municipalista.
El grave deterioro de la credibilidad ciudadana es un efecto consustancial a las labores de las administraciones pasadas, que dejaron incrementar la incidencia delictiva en Pachuca; condición, que, también, salvo raras excepciones, se presentó en diversos municipios de Hidalgo.
II. La restructuración de la seguridad pública
El abandono en que el alcalde Jorge Reyes encontró la infraestructura, coordinación y capacitación de los cuerpos de seguridad pública de la era Baños Rubio, trajo como consecuencia directa, reorientar funciones del gasto público para reforzar las zonas de vacío en materia de seguridad pública y establecer nuevos protocolos de capacitación del personal, así como controles de corrupción.
III. Conmoción ciudadana y rechazo social
La conmoción ciudadana y el rechazo social hacia la administración del entonces alcalde Sergio Baños no sólo fue causal directa de una “antipolítica ciudadana”, en torno a las estructuras del gobierno municipal y estatal, ya que exigió un trabajo de proximidad gubernamental para revertir los estragos que, la misma secretaria del PRI Nacional, Carolina Viggiano, acusó de la actuación de Baños Rubio en Pachuca y le sumó otra raya al tigre, acusando de que su derrota en las urnas hacia la gubernatura de Hidalgo que perdió contra Julio Menchaca, en gran medida, había sido causada por el desánimo de la ciudadanía frente al desastre municipalista en Pachuca.
En este trazo, resulta loable entender cómo la oscuridad legislativa en el Senado de la República -que ha frenado la iniciativa concurrente de combate al huachicol del gobernador Menchaca Salazar- debe abrir el debate hacia una nueva ingeniería constitucional, en un momento donde la seguridad pública tiene ya una correlación con el robo de hidrocarburos, debido a que financia ilícitos que van más allá de las condiciones locales.
No debe existir oscuridad legislativa, sino una luz política reflexiva sobre la correlación de los delitos que impactan hacia la seguridad pública en la nación.
