La presentación de la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reavivado con fuerza una frase que resume un sentimiento extendido: “ya estamos hartos de los pluris”. Para buena parte de la ciudadanía, las diputaciones y senadurías de representación proporcional se han convertido en sinónimo de privilegios partidistas, espacios reservados para dirigencias, operadores políticos o perfiles que nunca se sometieron al voto directo. Esa percepción, más allá de ser justa o no en todos los casos, se ha vuelto políticamente relevante.
La representación proporcional nació con una finalidad democrática clara: garantizar pluralidad en los congresos y evitar que una sola fuerza política, por ganar distritos, concentrara de manera desproporcionada el Poder Legislativo. Gracias a este mecanismo, minorías políticas han tenido voz, se han incorporado agendas diversas y se ha enriquecido el debate parlamentario. En teoría, los pluris no son un privilegio, sino una herramienta para equilibrar la representación y reflejar mejor la diversidad del voto ciudadano.
Sin embargo, el problema no radica en el principio de la representación proporcional, sino en la manera en que los partidos la han utilizado. Con el paso del tiempo, esos espacios comenzaron a percibirse como posiciones reservadas para liderazgos partidistas, artistas, cuadros cercanos a las cúpulas o figuras que encontraban en las listas plurinominales un asilo político sin pasar por la decisión ciudadana directa. Esa práctica fue erosionando la legitimidad social de una figura que, en su origen, busca exactamente lo contrario: abrir el sistema político a más voces.
En este contexto se entiende que la propuesta de Reforma Electoral haya conectado con un ánimo social previo. El planteamiento no surge de la nada, sino de un ambiente donde amplios sectores consideran que la representación proporcional se ha distorsionado y que, lejos de servir al pluralismo, ha sido capturada por lógicas partidistas alejadas de la ciudadanía. La narrativa de que los pluris sólo representan a las élites políticas ha ganado terreno en la conversación pública.
No obstante, el debate no puede reducirse a una dicotomía simplista entre eliminar o defender los plurinominales. La pregunta de fondo es más compleja: ¿el problema está en la figura constitucional de la representación proporcional o en el uso que los partidos han hecho de ella? Si las listas se han convertido en mecanismos para premiar lealtades o mantener equilibrios internos, el malestar ciudadano apunta menos al diseño institucional y más a las prácticas políticas que lo rodean.
El desafío, entonces, es reconocer el hartazgo social sin perder de vista la función democrática que cumple la representación proporcional. La crítica ciudadana hacia los “pluris” refleja una demanda legítima de mayor conexión entre representantes y representados; pero también invita a revisar cómo los partidos integran sus listas y qué perfiles deciden colocar en ellas. En última instancia, la discusión sobre los plurinominales no sólo habla del sistema electoral, sino de la calidad de la representación política que la ciudadanía percibe en sus congresos.
